El Presidente Donald Trump intensificó su ofensiva contra la Universidad de Harvard a pocos días de una audiencia clave sobre el futuro de miles de estudiantes extranjeros cuyas visas corren riesgo de ser revocadas. Este martes trascendió que la Casa Blanca se prepara para cancelar todos los contratos del gobierno federal con la institución, por un monto estimado de 100 millones de dólares, con el objetivo de someterla a una supervisión sin precedentes.
Los recortes figuran en un borrador de carta dirigida a todas las agencias federales, instruyéndolas a identificar cualquier contrato vigente con Harvard y a buscar “proveedores alternativos” para futuros servicios.
La medida es parte de una embestida más amplia de Trump para doblegar a la universidad, a la que acusa de ser un bastión elitista, antisemita, ultraliberal y promotor de la cultura woke. Según denuncian desde la casa de estudios, el presidente busca asfixiarla financieramente. Hasta ahora, el gobierno ya ha congelado unos 3.200 millones de dólares en subvenciones y contratos.
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El lunes, Trump ya había anticipado su postura en un mensaje publicado en Truth Social, donde calificó a los estudiantes extranjeros como “lunáticos radicalizados” y “alborotadores”.
La semana pasada, el gobierno desató una ola de preocupación global al prohibir a Harvard inscribir nuevos estudiantes e investigadores internacionales, afectando a más de 6.000 alumnos de 140 países —incluidos 58 argentinos y aproximadamente 14 estudiantes venezolanos —. Muchos temen ser deportados o que se les impida ingresar al país, pese a tener la admisión garantizada.
La medida fue temporalmente bloqueada por una jueza federal de Boston, quien convocó a una audiencia de emergencia este jueves. La magistrada advirtió que la universidad podría “sufrir un daño inmediato e irreparable” si se permitiera avanzar con la política sin escuchar a todas las partes, y dejó abierta la posibilidad de un congelamiento más prolongado de las acciones del gobierno.
Ofensiva total antes de la audiencia
Antes de esa audiencia, la Casa Blanca avanzó con nuevas acciones. La carta emitida este martes ordena a las agencias federales enviar antes del 6 de junio un listado de contratos vigentes para su posible cancelación. Entre los acuerdos afectados se incluyen investigaciones científicas y programas de formación ejecutiva.
Desde el gobierno acusan a Harvard de mantener políticas de diversidad racial en sus procesos de admisión, desafiando una reciente prohibición de la Corte Suprema. Aunque la universidad ha disminuido el porcentaje de alumnos afroamericanos —del 18% al 14%—, las críticas persisten.
Además, se le reprocha permitir expresiones antisemitas en el campus. El Departamento de Seguridad Nacional exigió a Harvard la entrega de registros sobre supuestas “actividades ilegales, peligrosas y violentas” de estudiantes internacionales en los últimos cinco años. Aunque la universidad ya ha entregado algunos reportes, la administración Trump considera que son insuficientes.
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Harvard se defiende en los tribunales
En respuesta, Harvard sostiene ante la justicia que el gobierno está violando su derecho a la libertad de expresión, protegido por la Primera Enmienda, al intentar controlar su personal, su proceso de admisión y su plan académico.
A diferencia de otras instituciones como la Universidad de Columbia, que han cedido ante algunas de las exigencias a cambio de mantener los fondos, Harvard ha optado por enfrentar al gobierno en los tribunales. Acusa a la administración Trump de intentar auditar la ideología política de profesores y alumnos, en un intento por silenciar “la diversidad de pensamiento”.
Además de la demanda por la situación de las visas estudiantiles, la universidad ya presentó una acción legal el mes pasado para reclamar la restitución de más de 3.000 millones de dólares en fondos federales congelados.
En una entrevista con NPR emitida este martes, el presidente de Harvard, Alan Garber, admitió que la universidad tiene desafíos por enfrentar, pero cuestionó duramente las decisiones del gobierno.
“Lo desconcertante son las medidas que han tomado, que ni siquiera afectan a las personas que supuestamente están causando los problemas”, declaró Garber. “¿Por qué cortar la financiación para investigación? Es trabajo que el gobierno federal considera prioritario. Cancelarlo no solo perjudica a Harvard, sino que también daña al país. Es difícil ver qué relación tiene eso con el antisemitismo”.
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Con Información de Clarin.-




