En un nuevo capítulo del enfrentamiento entre Donald Trump y la Universidad de Harvard, una jueza federal le asestó un revés al presidente al bloquear temporalmente la decisión de su administración de impedir que la institución reciba estudiantes extranjeros, al considerar la medida inconstitucional.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, había revocado el jueves la certificación que permite a Harvard matricular alumnos internacionales, lo que ponía en riesgo el futuro académico de miles de estudiantes y la llegada de importantes recursos económicos a la universidad.
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Sin embargo, este viernes la jueza Allison Burroughs, del tribunal federal de Massachusetts, ordenó suspender la implementación de la revocatoria del programa SEVIS (Sistema de Información para Estudiantes y Visitantes de Intercambio), al menos hasta una audiencia preliminar prevista para el 29 de mayo. Cabe destacar que más de una cuarta parte del alumnado de Harvard proviene del extranjero.
La medida judicial fue celebrada por Harvard, que había presentado una demanda contra lo que calificó como una represalia política. “Este es el último acto del gobierno en clara represalia por el ejercicio de los derechos de Harvard, amparados por la Primera Enmienda, al rechazar las exigencias del gobierno para controlar su gobernanza, currículo y la ideología de su comunidad académica”, señala el texto de la querella.
Trump ha sido abiertamente crítico con la prestigiosa universidad, de la que han egresado 162 premios Nobel, por resistirse a someterse a auditorías federales en sus procesos de admisión y contratación. Según él, Harvard es un foco de antisemitismo y de ideología liberal progresista.
Su administración también ha amenazado con revisar los 9.000 millones de dólares en fondos gubernamentales que recibe la institución, y ya ha congelado una partida inicial de 2.200 millones en subvenciones y 60 millones en contratos oficiales. Además, ordenó la deportación de un investigador de su Facultad de Medicina.
El presidente de Harvard, Alan Garber, calificó la decisión del gobierno como una “acción ilegal e injustificada”.
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Con información de EFE.-
