La Justicia detuvo a Ariel Vallejo, financista y figura cercana al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, en el marco de una causa que lo investiga como presunto jefe de una asociación ilícita dedicada al lavado de activos.
La orden de detención fue dispuesta por el juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, tras constatarse que el empresario no se encontraba en el domicilio legalmente informado. Sin embargo, antes de que se concretara el operativo, el propio titular de Sur Finanzas se presentó de forma espontánea en el juzgado, donde quedó formalmente detenido.
El esquema investigado y el impacto en los clubes
La pesquisa, encabezada por la fiscal federal Cecilia Incardona y el titular de la PROCELAC, Diego Velasco, analiza un presunto entramado financiero que habría operado entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025.
De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, los contratos de sponsoreo firmados entre la financiera y distintas entidades del fútbol habrían servido para dar apariencia legítima a movimientos de dinero sin contraprestación real. El objetivo es determinar si las firmas del grupo se utilizaron para lavar dinero y generar ganancias ilícitas mediante la administración fraudulenta.
El expediente salpica a 17 instituciones deportivas, entre las que figuran pesos pesados de la máxima categoría como Independiente, Racing, San Lorenzo, Banfield, Platense y Barracas Central, además de clubes del ascenso como Acassuso, Almirante Brown, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.
La defensa del empresario y el rastreo de fondos
Vallejo ya se había presentado a declarar el pasado 26 de mayo —cuando el expediente estaba a cargo del magistrado Luis Armella—, ocasión en la que entregó un escrito, rechazó las imputaciones y optó por no responder preguntas.
“Con respecto a la asociación ilícita me declaro inocente”, sostuvo en aquella presentación, en la que tachó la causa de «mediática» y aseguró tener un patrimonio declarado de $1.800 millones. Asimismo, desligó responsabilidades administrativas y tributarias, atribuyéndolas a asesores internos y externos, y justificó su vínculo con Banfield asegurando haber actuado como un acreedor legítimo que otorgó un préstamo al club.
No obstante, la lupa de la Justicia también se posó sobre bienes suntuarios y operaciones millonarias. Durante los procedimientos se ordenó el secuestro de una Ferrari California negra valorada en unos US$320.000 —hallada en agosto en Puerto Madero sin patentes y cubierta—, cuyo dominio había sido transferido a una jubilada de 73 años tras los allanamientos de diciembre de 2025.
A esto se suma el análisis de operaciones por aproximadamente $818.000 millones realizadas por personas y empresas sin capacidad económica para justificarlas, y una denuncia paralela de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra Sur Finanzas PSP S.A. por una presunta evasión superior a los $3.327 millones.
