Autoridades de salud mental de 14 provincias argentinas presentaron en el Senado de la Nación un lapidario informe federal que expone la crítica situación que atraviesan los hospitales públicos del país. En medio del debate legislativo por la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental (Nº 26.657), el relevamiento advierte sobre un crecimiento sostenido de la demanda y una presión récord sobre el sistema sanitario.
El estudio, coordinado por la Universidad Nacional de Lanús, agrupa datos de jurisdicciones que concentran más del 70% de la población total del país: Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego (con el aditivo de las presencias de Entre Ríos y Río Negro).
📈 Números alarmantes: 23% más de consultas y 42% más de internaciones
El relevamiento detalla saltos cuantitativos preocupantes en la atención pública:
- Consultas ambulatorias: Crecieron un 23% durante el último año.
- Internaciones: Se dispararon un 42% entre 2023 y 2026, registrando una suba interanual del 12%.
- El impacto en guardias: En distritos como la provincia de Buenos Aires, el 30% de la demanda en guardias hospitalarias ya corresponde estrictamente a problemáticas de salud mental.
Este incremento exponencial está impulsado, según las autoridades, por dos factores clave: la creciente demanda de atención en niñas, niños y adolescentes, y el masivo trasvase de pacientes que perdieron la cobertura de sus obras sociales o prepagas y se vieron obligados a volcarse al sistema público.
🏚️ Contexto socioeconómico y sobreexigencia provincial
Las provincias advirtieron que este deterioro de la salud mental colectiva se da en un escenario cruzado por la caída de las condiciones sociales y económicas, la pérdida de empleos y la fractura de las redes comunitarias de contención.
Si bien el informe destaca que entre 2021 y 2026 se habilitaron al menos 388 nuevas camas específicas de salud mental en hospitales generales, centros de día y redes comunitarias, los recursos actuales resultan insuficientes. Las jurisdicciones señalaron que sufren dificultades para incorporar disciplinas críticas y que debieron absorber con fondos propios responsabilidades financieras que antes contaban con asistencia de Nación.
⚠️ El fuerte rechazo a la reforma en el Congreso
La presentación en la Cámara Alta sirvió como trinchera política para sentar postura frente al proyecto de reforma de la ley vigente. Los representantes provinciales fueron tajantes al señalar que la iniciativa en discusión “elimina marcos y garantías sobre los que se sustenta la política de salud mental, sin incorporar el financiamiento necesario”.
Ante este panorama crítico, las provincias reclamaron de manera urgente aumentar la inversión, garantizar el suministro de medicamentos, robustecer la infraestructura y recuperar una coordinación federal efectiva entre los distintos niveles del Estado para evitar el colapso definitivo de la atención pública.
