Un gravísimo caso de corrupción institucional sacude a la Policía Federal Argentina (PFA) en Córdoba. Dos efectivos de la fuerza —un oficial y un suboficial— fueron detenidos en el marco de una serie de allanamientos, uno de ellos realizado en la propia sede de la fuerza ubicada en Nueva Córdoba, tras determinarse que montaron un operativo trucho para saquear una vivienda y robar 35 millones de pesos y joyas.
La investigación, liderada por el fiscal federal Maximiliano Hairabedián y autorizada por el juez federal Alejandro Sánchez Freytes, destapó un modus operandi tan audaz como impune: los agentes actuaron a cara descubierta, utilizando un móvil oficial de la PFA debidamente ploteado y presentándose uniformados para irrumpir en el domicilio.
El patrullero delator y el reclamo que destapó la olla
El engaño comenzó a derrumbarse gracias a la tecnología de rastreo. Los vehículos asignados al personal cuentan con geolocalización satelital monitoreada desde la central. A los operadores les llamó poderosamente la atención que un móvil pasara demasiado tiempo estacionado en un punto donde no existía ningún procedimiento oficial autorizado.
Paradójicamente, el caso no salió a la luz por una denuncia formal de robo inicial, sino por la desesperación de las propias víctimas. Según detalló el fiscal Hairabedián a LA NACION, los damnificados comenzaron un raid de reclamos por distintas dependencias buscando recuperar su dinero y entender el motivo del operativo. Al llegar a la fiscalía y cruzar los datos, descubrieron lo peor: jamás existió una orden de allanamiento legal.
Inteligencia previa y paredes destruidas
Los investigadores sospechan que la banda operaba manejando datos sumamente precisos sobre la ubicación del botín. Lejos de actuar al azar, los delincuentes rompieron una pared en plena búsqueda de una caja fuerte, lo que refuerza la hipótesis de un trabajo de inteligencia previo dirigido exclusivamente hacia el efectivo y las joyas sustraídas. Ahora, la Justicia busca identificar a otros cómplices dentro de la fuerza que habrían participado del asalto.
Un historial que no da tregua: el antecedente del jefe antidrogas
Este nuevo cimbronazo ocurre a apenas tres semanas de otro escándalo de proporciones que golpeó a la misma delegación: la detención de Alejandro Falcón, jefe de la División Antidrogas de la PFA en Córdoba.
Falcón —quien tras pasar por el penal de Bouwer cumple actualmente arresto domiciliario— fue imputado por hurto calificado, falsedad ideológica, peculado y dádivas, junto a otros tres efectivos. La causa, también investigada por Hairabedián y dispuesta por el juez federal subrogante Carlos Ochoa, incluye cargos por el robo de dinero en efectivo, el faltante de 1.800 dólares y 2 millones de pesos de operativos, el robo de cachorros de pitbull e incluso el uso indebido de un móvil oficial y combustible para un viaje personal a Rosario con comprobantes fraguados.
El prontuario de la fuerza se completa con denuncias internas realizadas en 2024 por una subalterna, quien aseguró haber sufrido represalias y amenazas de traslado a Corrientes tras atreverse a exponer las irregularidades de sus superiores. Con dos frentes calientes y uniformados tras las rejas, la cúpula policial cordobesa atraviesa su momento más crítico.
