Organizaciones que integran la Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes expresaron su profunda preocupación por la condena impuesta a Gabriel Rodríguez Méndez, al tratarse del primer caso documentado de un adolescente sentenciado por terrorismo en Venezuela en el contexto postelectoral de 2024.
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Según advirtieron, la decisión judicial sienta un precedente de extrema gravedad y pone en evidencia un uso expansivo y desproporcionado del derecho penal frente a situaciones de conflictividad política. “Esta sentencia se inscribe en un patrón más amplio de criminalización de adolescentes mediante tipos penales incompatibles con los estándares nacionales e internacionales de justicia penal juvenil”, señaló la red en un comunicado difundido por Provea.
“Una peligrosa deriva punitiva”
Las organizaciones alertaron que la aplicación del delito de terrorismo a una persona en proceso de desarrollo constituye “una peligrosa deriva punitiva” del sistema judicial. A su juicio, el caso marca un punto de inflexión en el tratamiento penal de adolescentes, al recurrir a uno de los delitos más severos del ordenamiento jurídico en un proceso que debió regirse por los principios de protección integral, excepcionalidad y mínima intervención.
En ese sentido, recordaron que la respuesta penal debe ser siempre el último recurso del Estado y que la privación de libertad solo puede aplicarse de manera excepcional y por el menor tiempo posible, atendiendo al interés superior del niño. “El carácter amplio y severo de este tipo penal resulta incompatible con una respuesta estatal diferenciada y protectora, especialmente cuando no se demuestra una amenaza real, concreta e inminente contra la población o la seguridad del Estado”, indicaron.
Asimismo, la red manifestó su alarma ante presuntas vulneraciones al debido proceso, entre ellas la falta de garantías vinculadas al derecho a la defensa, el respeto a la dignidad del adolescente, la comunicación inmediata con su familia y otras salvaguardas previstas en la legislación venezolana.
Exigen garantías y apelación inmediata
Ante este escenario, las organizaciones exigieron que la Defensa Pública interponga de manera inmediata el recurso de apelación dentro del lapso legal, como parte esencial del derecho a la defensa y del acceso efectivo a la justicia.
También demandaron al Estado venezolano garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de Gabriel Rodríguez Méndez, así como condiciones de detención acordes con su edad y nivel de desarrollo, incluyendo atención médica y psicológica especializada y contacto regular con su familia.
Además, solicitaron la liberación inmediata de otros adolescentes que permanecen privados de libertad en el contexto postelectoral de 2024, muchos de ellos imputados por delitos como terrorismo o incitación al odio, sin pruebas suficientes y en presunta violación del principio de excepcionalidad de la privación de libertad.
A juicio de la red, la prolongación de la prisión preventiva y el uso del sistema penal como mecanismo de control social vulneran la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
Finalmente, pidieron una revisión integral de todas las causas penales seguidas contra adolescentes en tribunales con competencia en terrorismo y reclamaron la intervención urgente de los órganos nacionales de protección, como la Defensoría del Pueblo, así como el seguimiento de los mecanismos internacionales de derechos humanos.
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“La protección de la niñez no admite ambigüedades ni retrocesos. Un Estado que involucra a la niñez en los conflictos sociopolíticos y trata a un adolescente como terrorista renuncia a su función protectora y convierte el castigo en una forma de violencia institucional”, advirtieron las organizaciones.
Con Información de ElNacional.-
