La función policial no es un mero empleo público ni el simple ejercicio de una autoridad conferida por nombramiento. Es, ante todo, una responsabilidad ética, jurídica e institucional ligada a la obligación suprema del Estado democrático: garantizar la seguridad y proteger los derechos fundamentales de las personas.
La seguridad ciudadana no es una concesión del gobierno de turno ni una facultad discrecional del poder; es una obligación estatal con estricto fundamento constitucional y marco en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
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El Marco de la Legalidad e Institucionalidad
El ejercicio de la función policial encuentra sus límites normativos y deontológicos en instrumentos clave:
Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 3): Consagra el derecho inalienable de toda persona a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (Res. 34/169 de la Asamblea General de la ONU): Establece el deber imperativo de servir a la comunidad, respetar la dignidad humana, oponerse rigurosamente a todo acto de corrupción y defender la legalidad.
No basta con vestir a un funcionario con un uniforme, otorgarle un arma y conferirle mando. La investidura jamás es una patente de corso para actuar al margen de la norma.
Cuando un funcionario incurre en abuso de poder, desvío de conducta o complicidad delictiva, no estamos solo ante una falta individual; estamos ante la falla de los mecanismos estatales de prevención, supervisión y control.
La confianza pública no se exige con soberbia: se construye demostrando que la institución se somete estrictamente a la ley. En el mundo contemporáneo, el verdadero prestigio policial no se mide por el despliegue de fuerza o el volumen de procedimientos, sino por la capacidad real de proteger al ciudadano sin convertirse en una amenaza para sus derechos.
Cuando un policía traiciona la ética, compromete su honor; pero cuando la estructura tolera esa conducta, compromete su legitimidad. La seguridad es una obligación del Estado, la ética un deber permanente del funcionario, y la rendición de cuentas el puente indispensable para sostener la democracia.
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Frente al panorama actual, donde los escándalos de corrupción y el quiebre de los controles institucionales amenazan la estabilidad social en distintas latitudes, resulta urgente profundizar el debate sobre el perfil, la supervisión y la reserva moral del funcionario.
En nuestras próximas ediciones de Seguridad y Punto continuaremos abordando la serie Policía y Ética, analizando los dilemas del uso de la fuerza, los sistemas de control interno y los desafíos para reconstruir la confianza entre el ciudadano y la autoridad.
El debate sigue abierto.
Braulio Seijas.-
