La presencia de personas que se dedican al cuidado, estacionamiento o limpieza de automóviles en la vía pública se ha consolidado como un elemento recurrente en el entorno urbano y, de forma simultánea, como un reto de gestión para las administraciones locales y los ciudadanos.
El debate en torno a esta actividad cobró un nuevo impulso a partir de la reciente sanción de la legislación restrictiva en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aunque en múltiples jurisdicciones del país el control de estas acciones depende de normativas municipales o de los códigos contravencionales locales, diversas provincias y municipios han implementado regulaciones específicas para abordar esta situación.
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)
Durante su última sesión ordinaria, el Poder Legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó la Ley 6961, la cual intensifica los castigos contra los cuidadores informales de vehículos y los limpiavidrios que operan en la vía pública. Esta reforma surgió de la unificación en comisiones de propuestas impulsadas por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y por el bloque de La Libertad Avanza. La nueva norma contempla sanciones económicas que superan los 6 millones de pesos y penas de privación de la libertad de hasta dos meses.
La adopción de esta medida responde a la persistencia de la actividad: entre mayo de 2025 y mayo de 2026 se contabilizaron 13.149 contravenciones relacionadas con estas prácticas. Si bien la legislación mantiene la conducta dentro del marco contravencional, incorpora la posibilidad de ejecutar detenciones efectivas.
Escala de penalizaciones y agravantes:
- Cuidadores ilegales: De 10 a 30 días de arresto.
- Operación en eventos masivos de forma organizada: De 20 a 50 días de detención.
- Líderes de organizaciones o redes: Hasta 60 días de prisión.
- Agravantes: Las penas se duplicarán en casos donde medie violencia, intimidación o situaciones de desigualdad de género.
Asimismo, la reforma prolonga el tiempo y el alcance de las inspecciones durante espectáculos masivos y estipula penalidades más severas para aquellas instituciones que consientan o faciliten estas conductas.
En materia financiera, las multas mínimas se elevaron de 50.000 pesos a un piso de 1.139.988 pesos, con un tope máximo que supera los 6,6 millones de pesos. De igual modo, se incrementaron las jornadas de servicio comunitario requeridas y se determinó que los reincidentes que actúen de manera organizada perderán el derecho a percibir asignaciones o beneficios sociales. Finalmente, la norma confiere facultades adicionales a la Policía de la Ciudad para intervenir de forma perentoria ante las infracciones, con el propósito de desarticular tanto la estructuración de estas actividades como la permisividad institucional en el espacio público.
Córdoba
A mediados de abril, el Poder Ejecutivo de la provincia de Córdoba promulgó la Ley 11.117, mediante la cual queda prohibido el cuidado de vehículos por parte de particulares, la labor de limpiavidrios que no cuenten con la debida autorización y las competencias de velocidad ilegales (carreras clandestinas). Dicha norma modifica el Código de Convivencia de la provincia e introduce penas de arresto de hasta seis días, junto con nuevas tipificaciones contravencionales para quienes operen sin la correspondiente licencia municipal. La legislación fue publicada en el Boletín Oficial y su vigencia se fijó para treinta días posteriores a dicha publicación.
Disposiciones principales y sanciones:
- Exigencia de dinero sin autorización: Se imponen seis días de arresto a quienes soliciten retribuciones económicas por el estacionamiento sin poseer el permiso correspondiente.
- Exceso de tarifas o zonas no asignadas: Se estipulan tres días de detención para quienes, aun teniendo autorización, cobren sumas superiores a las oficiales o ejerzan en áreas no habilitadas.
- Limpiavidrios: La penalización es aplicable bajo las mismas condiciones si ofrecen el servicio sin el aval correspondiente.
- Factores agravantes: La reincidencia, la ejecución de la actividad en grupos, el empleo de menores de edad y la explotación de individuos en condiciones de vulnerabilidad incrementarán la severidad de los castigos.
La legislación mandata a las administraciones municipales a adecuar sus normativas locales. En cuanto a la división de funciones operativas, se determinó que la Policía provincial tiene la atribución de constatar las infracciones e implementar acciones preventivas, mientras que la investigación de las contravenciones queda bajo la responsabilidad del Ministerio Público Fiscal.
Por otra parte, la ley prevé el desarrollo de programas orientados a la capacitación, reinserción y fomento de la inclusión social de los trabajadores informales, además de facultar a los municipios para la apertura de registros de operadores autorizados. Fuentes de la Policía de Córdoba comunicaron que, a partir del despliegue de operativos en diferentes sectores de la provincia desde la entrada en vigencia de la norma, ya se han efectuado más de 320 detenciones de personas dedicadas a la limpieza de cristales y al cuidado de vehículos sin autorización.
Santa Fe
En el mes de mayo, el Concejo Municipal de la ciudad de Santa Fe dictó la prohibición absoluta de las actividades de cuidado y lavado de automóviles en el espacio público, lo que significó la derogación de la ordenanza Nº 12.635 que se encontraba vigente desde el año 2019. La propia intendencia ratificó que la nueva normativa suprime el registro y el uso de credenciales obligatorias que regulaban este oficio.
Durante el tratamiento legislativo, el Departamento Ejecutivo Municipal argumentó que el gobierno local no puede convalidar la ocupación ilícita del espacio común, señalando como prioridad el ordenamiento y la pacificación urbana. La nueva ordenanza, promovida por el concejal Carlos Suárez, incorpora un apartado punitivo: quienes violen la prohibición serán pasibles de las sanciones fijadas en las leyes provinciales Nº 10.703, Nº 13.744 y normativas complementarias.
El procedimiento establece que los inspectores municipales deben advertir formalmente al infractor sobre el impedimento legal; de persistir la conducta, se solicitará el auxilio de la fuerza policial para proceder a su detención. Ante situaciones agravantes, como el estado de ebriedad del involucrado, se dará intervención a los términos del Código de Faltas o de Convivencia de la provincia. Con esta resolución se desmantela de forma definitiva el padrón de autorizaciones creado en 2019.
A nivel de la estructura provincial, a inicios de este mes la Cámara de Diputados de Santa Fe brindó aprobación con modificaciones a un proyecto de ley destinado a regular y penalizar estas actividades. Debido a los cambios introducidos respecto al proyecto original del Senado, la iniciativa retornó a la Cámara Alta para la resolución de su redacción definitiva.
La propuesta legislativa introduce reformas al Código de Convivencia provincial para penar a quienes demanden dinero de forma intimidatoria por el estacionamiento o tareas afines en la vía pública. Las penalidades contemplan la prohibición de asistir o permanecer en determinados sitios por un lapso de hasta 60 días (extensible a 120 días ante causales agravadas), abriendo la posibilidad de sustituir la sanción por la realización de trabajos comunitarios. El proyecto delega en los gobiernos municipales el ejercicio de la acción pública contravencional, autoriza el desalojo de los infractores mediante el uso de la fuerza policial y encomienda al Poder Ejecutivo de la provincia la creación de políticas de prevención y de inclusión social orientadas a este sector de la población.
Disposiciones en el resto de las jurisdicciones del país
Trelew (Chubut)
El pasado jueves, el Concejo Deliberante de la ciudad aprobó por unanimidad la ordenanza que veda el cuidado informal de vehículos y la limpieza de parabrisas dentro del territorio municipal. La votación contó con el respaldo de la totalidad de los legisladores locales presentes, registrándose únicamente la ausencia del concejal Rubén Cáceres. La restricción entrará en vigor una vez que sea promulgada por el Departamento Ejecutivo local.
El articulado prohíbe explícitamente cualquier acción que obstruya o altere la circulación de rodados en la vía pública mediante labores de limpieza de cristales, sin importar si existe la conformidad del conductor o si se exige un pago a cambio. El propósito manifestado en el debate parlamentario es neutralizar contextos de coacción o de peligro para la seguridad vial en calles y avenidas, extendiendo la aplicación de la norma tanto al área céntrica como a las zonas periféricas para resguardar el derecho a la libre circulación y el uso correcto de los espacios públicos y privados.
Mendoza
En octubre de 2018, el Senado de la provincia de Mendoza aprobó un nuevo Código Contravencional que prohíbe de manera expresa el desempeño de limpiadores de vidrios y cuidadores de coches no autorizados en la vía pública. La sanción del texto, que obtuvo 20 votos favorables y ninguno en contra, estipula multas económicas, la obligatoriedad de cumplir labores comunitarias o el arresto de los infractores.
Bajo este marco legal, el personal de la Policía de Mendoza cuenta con la atribución de aprehender sin orden judicial previa a todo individuo que sea descubierto cometiendo la infracción en flagrante delito o que intente darse a la fuga tras la comisión de la falta. Las correspondientes denuncias pueden radicarse ante reparticiones policiales, dependencias municipales o sedes judiciales, requiriéndose la debida identificación del denunciante.
San Luis
Durante el año pasado, el Concejo Deliberante de la capital de San Luis sancionó la ordenanza Nº II-1077-2025, la cual prohíbe las actividades de lavado, estacionamiento y cuidado de rodados en la vía pública cuando se realicen a cambio de una retribución económica. El objetivo central de la norma es preservar la integridad de peatones y conductores, garantizando la utilización apropiada del espacio común.
La disposición penaliza tanto a quienes ofrezcan estas prestaciones como a los titulares de los automóviles que contraten los servicios, fijando multas que oscilan entre las 200 y las 500 unidades monetarias de carácter municipal, independientes de las resoluciones de la justicia ordinaria o contravencional. En casos de reincidencia, el monto de las sanciones se duplicará, mientras que si el infractor es menor de edad, la responsabilidad económica recaerá sobre sus progenitores o tutores legales.
Ante la detección de niños o adolescentes en estas actividades, la ordenanza instruye la inmediata intervención de la Defensoría de Menores y de la Policía de la Provincia de San Luis. Asimismo, habilita una línea telefónica (número 147) para la recepción de denuncias anónimas y dispone la coordinación con dependencias de alcance provincial y nacional para asistir en situaciones de vulnerabilidad socioeconómica. En el plano laboral, se promueve un programa de capacitación en oficios instrumentado mediante convenios con universidades e instituciones educativas, con el fin de propiciar la inserción social de las personas afectadas por la exclusión.
Neuquén
En la ciudad de Neuquén rige actualmente la Ordenanza Municipal N° 15118, instrumento legal que prohíbe el desempeño de limpiavidrios y cuidadores informales de automóviles en el ejido urbano. Para quienes infrinjan esta norma, se determinaron sanciones económicas cuyo valor inicial se sitúa por encima de los 17 mil pesos.
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A nivel nacional, este escenario evidencia que, si bien la problemática cuenta con una extensa trayectoria en el territorio argentino, las administraciones públicas muestran una tendencia creciente hacia su abordaje formal mediante el endurecimiento y la actualización de sus respectivas leyes, códigos y ordenanzas.
Con Información de Infobae.-
