La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 70/23, normas que habían suprimido el control estatal sobre las cuotas de la medicina prepaga. Con este pronunciamiento —el primero de inconstitucionalidad dictado por el máximo tribunal sobre el decreto 70/2023—, la Superintendencia de Servicios de Salud deberá retomar sus atribuciones para revisar, fiscalizar y autorizar las subas de los planes.
La decisión, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, tiene un doble impacto relevante. Por un lado, proyecta una influencia directa sobre cerca de 500 causas análogas que aún aguardan resolución en la Corte. Por otro, puede repercutir en numerosos reclamos promovidos por afiliados en distintos tribunales del país, incluidos aquellos que ya pagaron las cuotas y buscan la restitución de lo abonado.
El fallo confirmó parcialmente una sentencia de la Cámara Federal de La Plata dictada en un expediente iniciado por una afiliada cuya cuota subió 110 % entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. Si se hubiera aplicado la resolución anterior del Ministerio de Salud de la Nación, el ajuste previsto para enero de 2024 habría sido del 6,26 %. El caso llegó a la Corte por recursos interpuestos tanto por la empresa de medicina prepaga demandada como por el Estado Nacional.
El regreso del control estatal sobre las cuotas
Los artículos invalidados habían derogado una disposición de la ley 26.682 y modificado otra que sometía a supervisión estatal los valores de las cuotas de los servicios de salud. A partir de esta resolución, la Superintendencia de Servicios de Salud deberá volver a analizar las modificaciones tarifarias y velar por su razonabilidad, además de recuperar la facultad de autorizar aumentos cuando respondan a variaciones en la estructura de costos y a un cálculo actuarial razonable de los riesgos.
No obstante, la Corte revocó el tramo del fallo platense que ordenaba acotar los incrementos al porcentaje del Índice de Precios al Consumidor. El tribunal precisó que la sentencia no establece un tope automático atado a la inflación, sino que devuelve las competencias regulatorias a la autoridad de aplicación, por lo que la revisión de cada suba se regirá por los criterios de la normativa restablecida.
La falta de una urgencia que justificara el decreto
En sus fundamentos, la Corte sostuvo que la Constitución Nacional habilita al Poder Ejecutivo a ejercer facultades legislativas únicamente en escenarios de rigurosa excepcionalidad: cuando exista imposibilidad de que el Congreso sancione una ley por el trámite ordinario o una urgencia que exija una respuesta en un plazo incompatible con ese procedimiento. El tribunal recordó su doctrina sobre decretos de necesidad y urgencia —ratificada en la causa «Cencosud», del 13 de agosto— y señaló que los considerandos del DNU no justificaban de manera mínima las circunstancias excepcionales para eliminar los controles sobre las cuotas de las prepagas.
A juicio del tribunal, invocar en forma genérica una «crisis del sistema de salud» o la necesidad de «aumentar la competitividad del sistema» liberando restricciones de precios no probaba una urgencia de ese alcance, ni quedaba acreditado un vínculo concreto entre la emergencia económica y social alegada por el Poder Ejecutivo y la supresión del control estatal. La Corte remarcó que los criterios de conveniencia no autorizan un régimen excepcional ni permiten optar discrecionalmente entre el trámite legislativo en el Congreso y la sanción más rápida por decreto.
Finalmente, el máximo tribunal dejó asentado que su resolución se circunscribe a los artículos 267 y 269 del DNU 70/23 y no importa pronunciamiento alguno sobre el resto del decreto.



