Una tormenta perfecta se desató entre el sector gastronómico de la Ciudad y el Ejecutivo porteño. A raíz de la Resolución 112/SECOU/26, emitida por la Secretaría de Ordenamiento Urbano, la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (APYCE) lanzó un durísimo comunicado que pone en jaque la convivencia comercial y la logística urbana en Buenos Aires.
La normativa busca regular el caos de las motos, bicicletas y peatones frente a los comercios, pero el verdadero foco de conflicto es un artículo clave: la norma traslada la responsabilidad de despejar las veredas, rampas y ochavas directamente a los locales gastronómicos, bajo la amenaza de multas e infracciones.
- Inseguridad operativa y persecución en la calle: Al prohibir que las veredas, rampas y ochavas se utilicen como zonas de espera o carga/descarga, los repartidores se quedan sin espacios físicos legales para aguardar los pedidos que envían las aplicaciones. Esto los expone a constantes multas, remisiones de vehículos o fricciones directas tanto con los inspectores de tránsito como con los encargados de los locales gastronómicos.
- Presión y control cruzado: Dado que la normativa traslada a los comercios la obligación de velar por el orden en sus frentes, muchos locales se verán en la obligación (para evitar multas propias) de expulsar a los cadetes de las puertas, prohibirles ingresar a esperar o exigirles que circulen constantemente. Esto genera un clima de tensión constante entre los dueños de los establecimientos y los trabajadores.
- El cuello de botella de la logística por app: Las plataformas digitales (como PedidosYa, Rappi, etc.) operan bajo un sistema algorítmico que exige tiempos de entrega ultra rápidos y agrupa la demanda frente a zonas gastronómicas específicas. Como la normativa no impone obligaciones directas ni sanciones proporcionales a las apps sobre cómo organizan geográficamente la demanda, el peso del reordenamiento recae sobre el eslabón más débil de la cadena, que es el repartidor de a pie, en bicicleta o en moto.
- Riesgo de precarización e ingresos afectados: Si los comercios restringen el acceso a los cadetes o si la fiscalización municipal se vuelve punitiva, los tiempos de espera aumentan, se generan cancelaciones de pedidos o los trabajadores terminan siendo desplazados a zonas menos rentables para evitar conflictos con los gastronómicos, afectando directamente su recaudación diaria.
En definitiva, lejos de resolver el problema estructural del tránsito y la congestión urbana, la medida traslada la tensión a la puerta de los locales, dejando a los repartidores expuestos a la conflictividad diaria con los comerciantes y a la presión de los inspectores de la Ciudad.



