Venezuela atraviesa un escenario político y jurídico inédito, no previsto de manera literal por la doctrina constitucional. Tras los hechos del 3 de enero, cuando fuerzas militares estadounidenses ejecutaron un operativo para capturar y extraer a Nicolás Maduro, la estructura del Estado ingresó en una fase de presidencia encargada que abrió profundos interrogantes sobre la legalidad de los lapsos constitucionales y la eventual obligatoriedad de convocar a un nuevo proceso electoral.
El núcleo del conflicto político-jurídico reside en determinar si la ausencia del mandatario debe considerarse una falta absoluta o una falta temporal. Esta distinción es clave, ya que define si el país debe convocar elecciones presidenciales en un plazo de 30 días o si el actual esquema de poder puede prolongarse sin un límite claro.
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Una figura no prevista de forma literal
Para el politólogo Guillermo Tell Aveledo, el análisis debe partir de los parámetros establecidos en la Constitución de la República, que regula las faltas absolutas en el artículo 233 y las faltas temporales en el artículo 234. Sin embargo, advierte que lo ocurrido el 3 de enero no encaja estrictamente en los supuestos de falta absoluta, que se limitan a la muerte, renuncia, destitución por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), incapacidad física o mental, o abandono del cargo.
“Ante una falta absoluta, la Constitución ordena convocar elecciones en un plazo de 30 días si ocurre en los primeros cuatro años del período. No obstante, la Sala Constitucional del TSJ, en su sentencia del 4 de enero, interpretó los hechos calificando la retención de Nicolás Maduro como un evento de fuerza o secuestro, lo que evita declarar la falta absoluta y, con ello, el compromiso electoral inmediato”, explicó Tell Aveledo en entrevista.
Según el politólogo, esta interpretación dio lugar a una presidencia encargada basada en una falta temporal de carácter indefinido. “Se trata de una hibridación jurídica que permite a la vicepresidencia asumir el mando de manera semipermanente, priorizando la estabilidad del statu quo por encima del cronograma constitucional. Es una lectura heterodoxa que privilegia la preservación del Estado sobre la literalidad del texto, pero que ya se ha vuelto recurrente en el sistema”, señaló.
Tell Aveledo advirtió que, aunque esta arquitectura institucional no enfrenta cuestionamientos internos con poder efectivo, persiste una brecha de legitimidad. “La legitimidad no puede sustituirse indefinidamente por eficiencia administrativa ni externalizarse. Sin embargo, los actores que podrían impugnar ese esquema hoy tienen otras prioridades”, sostuvo.
Lapsos constitucionales y transitoriedad del poder
El abogado constitucionalista José Antonio Oropeza profundizó en la definición legal de la presidencia encargada y subrayó que el artículo 233 de la Constitución es la norma rectora. Esta disposición establece los pasos a seguir cuando se produce una falta absoluta, diferenciando entre los primeros cuatro años del período presidencial y los dos últimos.
“Si la falta absoluta ocurre dentro de los primeros cuatro años, debe convocarse a una elección universal, directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos. Mientras tanto, asume la presidencia encargada el funcionario que corresponda según el momento de la falta”, explicó Oropeza. El presidente electo, precisó, completa el período constitucional restante.
Por el contrario, si la falta absoluta se produce en los últimos dos años del mandato, no se convocan elecciones y el vicepresidente ejecutivo asume hasta completar el período.
Oropeza recordó que el artículo 234 regula las faltas temporales, las cuales pueden extenderse por 90 días, prorrogables por otros 90 con autorización de la Asamblea Nacional. “Si se superan esos lapsos, corresponde a la Asamblea Nacional decidir si se configura una falta absoluta y activar el artículo 233”, detalló.
En el contexto actual, el TSJ determinó que la situación generada el 3 de enero constituye una falta temporal, bajo el argumento de que Nicolás Maduro continúa siendo, en teoría, el presidente electo. La consecuencia inmediata es que el mandato encargado podría prorrogarse por un segundo período de 90 días.
Sin embargo, Oropeza advirtió que los lapsos constitucionales no son prorrogables de manera indefinida. “Los plazos del artículo 233 son de orden constitucional y condicionan la validez de la presidencia encargada. No pueden extenderse discrecionalmente más allá de lo establecido”, afirmó.
El abogado también recordó que los estados de excepción, regulados entre los artículos 333 y 339, no contemplan la suspensión de reglas electorales ni la prórroga de mandatos no electos. “La necesidad constitucional no puede derogar normas expresas. La presidencia encargada es válida únicamente como figura transitoria y perfectamente delimitada en el tiempo. Superados los lapsos sin convocatoria electoral, el poder se desplaza del terreno constitucional al político, quedando fuera de los márgenes de la ley”, subrayó.
Cambio institucional bajo tutelaje externo
Desde una perspectiva geopolítica, el politólogo John Magdaleno sostuvo que el 3 de enero marcó un quiebre institucional al producirse una intervención militar extranjera mediante una operación de extracción, cuyo efecto inmediato fue el reemplazo del vértice del poder bajo un esquema de tutelaje externo.
Este hecho, explicó, alteró la dinámica interna del gobierno venezolano, reduciendo el margen de maniobra de la coalición dominante debido al precedente que sentó la intervención y a las amenazas posteriores formuladas por la administración estadounidense. “En este contexto, el gobierno venezolano se ha visto forzado, al menos por ahora, a satisfacer exigencias de Washington”, afirmó.
Magdaleno indicó que hasta el momento no se ha producido un cambio formal de las reglas del juego, sino un giro en la orientación de las decisiones, particularmente en política exterior, política económica y derechos humanos. No obstante, advirtió que el anuncio de una amplia reforma legislativa desde la Asamblea Nacional obliga a analizar con detenimiento las normas que surjan para determinar si se inicia o no un cambio estructural del sistema.
Un desenlace aún abierto
El futuro político de Venezuela permanece condicionado por la tensión entre una hibridación jurídica que permite la gestión administrativa bajo tutelaje externo y el rigor de los lapsos establecidos en la Constitución. Los especialistas coinciden en que el sistema prioriza la estabilidad operativa y la desregulación económica para mitigar su déficit de legitimidad, pero la ausencia de una ruta clara hacia elecciones presidenciales desplaza la resolución de la crisis del ámbito jurídico al terreno de la negociación política.
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Según los expertos consultados, el agotamiento de las prórrogas de la falta temporal será determinante para definir si el país avanza hacia una reinstitucionalización democrática o si se consolida un modelo de excepcionalidad permanente, ajeno a los márgenes previstos por la Carta Magna.
Con Información de ElDiario.-
