Desde temprano en la mañana, familiares de personas con discapacidad e integrantes de distintas organizaciones sociales se concentraron frente al Congreso de la Nación para manifestarse contra el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Ante la protesta, efectivos de la Policía Federal Argentina y la Gendarmería Nacional activaron el protocolo antipiquetes, lo que generó momentos de tensión y enfrentamientos cara a cara con algunos manifestantes.
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“Me parece sumamente innecesario que traigan a las fuerzas armadas, a la Policía… Fijate cuántos efectivos hay. Acá hay personas amputadas, con parálisis cerebral… Estamos defendiendo derechos fundamentales que la Constitución garantiza, pero no se está destinando el presupuesto necesario”, expresó una de las manifestantes en diálogo con el canal TN.
El veto presidencial fue publicado este lunes en el Boletín Oficial. La decisión del Ejecutivo anuló una ley que ya había sido aprobada tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. La norma buscaba declarar la emergencia nacional en discapacidad hasta 2026, establecer una pensión no contributiva compatible con el empleo formal y disponer actualizaciones automáticas en aranceles y compensaciones para prestadores de servicios.
Desde la Casa Rosada se justificó el veto al señalar que la aplicación de la ley implicaría un gasto superior a 2 billones de pesos en 2025 y 4,7 billones en 2026, sin contar el impacto presupuestario en el programa de atención médica Incluir Salud.
Repercusiones y reclamos del sector
Ante este escenario, organizaciones que representan a personas con discapacidad convocaron a una jornada nacional de protesta este martes a las 11:30 en la Plaza de los Dos Congresos, con réplicas en otras ciudades del país. Al mismo tiempo, anunciaron la suspensión de actividades vinculadas al área de discapacidad, advirtiendo sobre la gravedad de la crisis que atraviesa el sector. La convocatoria fue difundida por redes sociales y comunicados, con un llamado a la sociedad a sumarse.
El Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad emitió un comunicado en el que repudia el veto presidencial. En el texto, la organización pregunta:
“Presidente, ¿cómo se sobrevive sin trabajo ni ingresos? ¿Cómo se transita una vida digna sin los apoyos necesarios? ¿Cómo responde el Estado ante quienes dependen de estos dispositivos para vivir?”
Y concluye:
“Un veto total no es austeridad: es abandono. Es elegir excluir. Gobernar implica asumir responsabilidades con todos los sectores y no dejar en el olvido a quienes más lo necesitan”.
Una emergencia que atraviesa múltiples dimensiones
El Foro advierte que la emergencia afecta a personas en diversas situaciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, muchas de las personas empleadas en talleres protegidos reciben apenas 28.000 pesos mensuales, mientras que otras aún esperan acceder a una pensión no contributiva que les garantice ingresos y apoyos básicos.
Además, se señala que peligran los servicios de acompañamiento integral y que numerosos prestadores enfrentan una crisis económica, ya que los aranceles vigentes no cubren los costos operativos esenciales. Esto podría llevar al cierre de centros y servicios fundamentales para miles de personas en todo el país.
Representantes de diferentes organizaciones también remarcaron que la falta de financiamiento y políticas públicas adecuadas profundiza la precariedad laboral, social y sanitaria del colectivo de personas con discapacidad. Advirtieron que la ausencia de respuestas concretas del Estado solo agrava las dificultades cotidianas de miles de familias.
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Con Información de Infobae.-
