La exprimera dama, Fabiola Yáñez, solicitará una condena de 12 años de cárcel para el expresidente Alberto Fernández en el marco de la causa por violencia de género. Así lo planteará su equipo legal ante la fiscalía, con el argumento de que los hechos comprobados en la investigación, sumados a las amenazas coactivas denunciadas, justifican esa pena.
Este pedido se produce luego de que el fiscal federal Ramiro González diera por concluida la etapa de instrucción y habilitara los pasos para avanzar hacia el juicio oral. Según lo establece el Código Procesal, el fiscal trasladó la causa a Yáñez para que exprese su posición formal.
Una vez oficializada su respuesta, González evaluará el pronunciamiento de la querella y, si lo considera viable, presentará el requerimiento de elevación a juicio ante el juez Julián Ercolini. Posteriormente, la defensa de Fernández podrá responder por escrito, instancia en la que se prevé que el exmandatario apelará la medida. Finalmente, será Ercolini quien determine si el caso avanza hacia el juicio oral.
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Avances en la causa
En abril, la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Alberto Fernández por “lesiones leves agravadas por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género”, “lesiones graves” y “amenazas coactivas” contra Yáñez, con quien mantuvo una relación entre 2016 y mediados de 2024.
Los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah señalaron en su fallo que el vínculo entre ambos estuvo marcado por una “violencia habitual y constante”, especialmente de tipo psicológica, aunque también se registraron episodios físicos. Según el tribunal, la relación se desarrolló en un contexto de “aislamiento forzado” dentro de la Quinta de Olivos, donde el expresidente ejercía control total.
“Existen fuertes elementos que permiten sostener que los hechos acreditados —incluidas lesiones y otras formas de violencia— provocaron un serio deterioro en la salud de la víctima”, indicaron los magistrados. También destacaron que Fernández conocía desde el inicio la situación de vulnerabilidad de Yáñez y que esta se encontraba en clara desigualdad de poder.
En febrero, el juez Ercolini procesó a Fernández, embargó sus bienes por 10 millones de pesos y le impuso una orden de restricción que le prohíbe acercarse a menos de 500 metros de Yáñez o contactarla por cualquier medio.
En su defensa, el exmandatario presentó una apelación de 59 páginas en la que negó todas las acusaciones y solicitó su sobreseimiento. Aseguró que no existen pruebas directas en su contra, que los hechos se sustentan en interpretaciones subjetivas y que los chats en los que Yáñez relataba situaciones de violencia no fueron extraídos de su teléfono original.
“La ausencia de evidencia directa no puede ser sustituida por construcciones subjetivas”, alegó su equipo legal.
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Con Información de TN.-
