El fiscal federal Ramiro González dio por concluida la etapa de instrucción en la causa contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género contra su expareja, Fabiola Yáñez, y comenzó los pasos formales para solicitar la elevación a juicio.
Según confirmaron fuentes judiciales, el fiscal consideró que ya no quedan medidas pendientes por producir, y en cumplimiento del Código Procesal Penal, le dio traslado a Yáñez para que manifieste su posición. Todo indica que la ex primera dama respaldará la continuidad del proceso, ya que mantuvo su acusación desde el inicio de la causa.
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Una vez que reciba esa respuesta, González evaluará el planteo y, en función de ello, presentará el requerimiento de elevación a juicio ante el juez federal Julián Ercolini. A partir de entonces, será el turno de la defensa: Fernández podrá responder por escrito y, como se espera, apelará la decisión. La definición final quedará en manos de Ercolini, quien deberá resolver si el caso efectivamente llega a juicio oral.
La causa cobró impulso en abril, cuando la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del expresidente por los delitos de «lesiones leves agravadas por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género», «lesiones graves» y «amenazas coactivas». Según el fallo, los hechos habrían ocurrido entre 2016 y mediados de 2024, período en el que la pareja convivió, incluso durante el mandato presidencial de Fernández.
En su resolución, los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah destacaron que durante ese vínculo existió una «desigualdad de poder» y una «violencia habitual y constante», mayormente de tipo psicológico, aunque también con episodios físicos reiterados. Los hechos habrían tenido lugar en un contexto de aislamiento forzado dentro de la Quinta de Olivos, donde, según el fallo, Fernández ejercía una «autoridad plena».
“Hay fuertes motivos para sostener que los hechos concretos y objetivos preliminarmente acreditados en la causa —que incluyeron lesiones y otras formas de violencia de género— fueron la causa de un deterioro significativo en la salud de la víctima”, señalaron los jueces. También remarcaron que la situación de vulnerabilidad de Yáñez era conocida por el imputado desde el inicio del vínculo. “Todo demuestra que la damnificada estaba en una situación de desigualdad de poder, tanto en el ámbito privado como público”, agregaron.
En febrero de este año, el juez Ercolini había dictado el procesamiento de Fernández, dispuso un embargo de sus bienes por 10 millones de pesos y le impuso una orden de restricción que le prohíbe acercarse a menos de 500 metros de Yáñez o contactarla por cualquier vía: física, telefónica o digital.
En su defensa, el expresidente presentó una apelación de 59 páginas en la que rechazó todas las acusaciones y solicitó su sobreseimiento. Sostuvo que la resolución judicial carece de pruebas directas, se basa en interpretaciones subjetivas y cuestionó la validez de los presuntos chats presentados por la denunciante, al señalar que no fueron extraídos de su dispositivo original.
“La ausencia de evidencia directa no puede ser reemplazada por construcciones subjetivas”, argumentó su defensa técnica.
El expediente entra ahora en una etapa clave: la querella —representada por la propia denunciante— deberá expresar formalmente si considera que la causa debe avanzar hacia un juicio oral.
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Con Información de TN-
