Bolivia fue calificado como el país más corrupto de América Latina y el Caribe, según el informe de la ONG World Justice Project (WJP), basado en datos actualizados a 2024.
La organización internacional independiente que promueve el Estado de derecho en el mundo ubicó a Bolivia en el último lugar entre los 32 países de la región y en el puesto 141 de 142 a nivel mundial.
La evaluación de los países se basa en cuatro principios universales: rendición de cuentas gubernamental, leyes justas, gobierno transparente e igualdad de acceso a la justicia. Para elaborar el ranking, la ONG evalúa ocho indicadores clave: límites a los poderes del gobierno, corrupción, transparencia, derechos fundamentales, seguridad, cumplimiento de las normas, justicia civil y penal.
Bolivia mostró las situaciones más críticas en el sector judicial -puesto 140 de 142 países- en cuanto a corrupción en las fuerzas armadas y la policía (137), en el Poder Ejecutivo (131) y en el Poder Legislativo (120). En general, el país del Altiplano ha experimentado un deterioro constante en el índice del Estado de derecho: de 0,41 puntos en 2015, cayó a 0,24 en 2024.
Según el informe, los países escandinavos son líderes en la implementación del Estado de derecho. Dinamarca ocupa el primer lugar con 0,90 puntos, seguida de Noruega y Finlandia, que comparten el segundo puesto con 0,89 puntos. Este logro es el resultado de varios factores importantes, entre ellos un sistema judicial independiente y profesional, altos niveles de transparencia en la aplicación de la ley, esfuerzos sistemáticos contra la corrupción, una alta confianza pública en las instituciones jurídicas y la igualdad ante la ley.
En Oriente Medio y el mundo árabe, los datos presentan un panorama radicalmente diferente. Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) lideran la región con 0,66 puntos, seguidos de Jordania con 0,55. Pese a los notables avances en este ámbito, estas bajas puntuaciones indican debilidades en el sistema judicial, corrupción generalizada, interferencia política en el sistema de justicia, falta de transparencia y baja confianza pública en las instituciones jurídicas.
Clarín.-
