Sin temor a nada y sin que le tiemble el pulso, la administración de Javier Milei, oficializó la reforma migratoria mediante la publicación del Decreto 366/2025 en el Boletín Oficial. La misma introduce cambios sustanciales a la Ley de Migraciones N.º 25.871 —vigente desde 2003—, que regula la admisión, permanencia y egreso de personas en el país.
Entre los principales cambios se destacan:
- Requisitos más estrictos para obtener la ciudadanía argentina.
- Expulsión de inmigrantes con condenas o en situación irregular.
- Limitaciones en el acceso a servicios de salud y educación para extranjeros no residentes.
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Según el Gobierno Argentino, la legislación vigente “fomenta la inmigración” al reconocer numerosos derechos incluso a quienes hayan ingresado o permanezcan en el país de forma irregular, equiparando su situación a la de quienes residen legalmente. Además, señalan que no existen diferencias significativas en el acceso a derechos como la salud o la educación entre distintas categorías migratorias.
En los considerandos, el Ejecutivo argumenta que el régimen actual “no se ajusta a las necesidades ni a la realidad del país”, lo que expone a la Argentina a “peligros y consecuencias negativas”. Por ello, justifican la necesidad de una reforma “urgente” que permita resguardar la seguridad pública y garantizar la regularidad migratoria.
Uno de los puntos más controvertidos del decreto es su objetivo de desalentar el llamado “turismo de natalidad”, es decir, el ingreso de extranjeros para tener hijos en el país y así acceder a la ciudadanía argentina mediante el vínculo familiar.
Pese al endurecimiento de condiciones, el Gobierno asegura que la nueva normativa no afectará el principio de reunificación familiar, preservando los derechos de los menores ante posibles cancelaciones de residencia o impedimentos de ingreso.
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Cambios específicos en salud y educación
En materia sanitaria, el decreto establece que solo se garantizará atención médica de emergencia a cualquier extranjero, sin importar su estatus migratorio. Para acceder a tratamientos no urgentes, los extranjeros deberán contar con un seguro de salud o abonar previamente el costo del servicio en los establecimientos públicos.
«En casos de emergencia, no podrá negársele ni restringírsele el acceso a la asistencia social o a la atención sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria», reza el artículo 8.
En cuanto al sistema educativo, se habilita a las instituciones de educación superior estatales a cobrar aranceles a estudiantes extranjeros no residentes, sin excluirlos de la posibilidad de obtener becas.
Nuevas categorías y restricciones
Los extranjeros serán admitidos bajo las categorías de residentes permanentes, temporarios o transitorios, mientras que la residencia precaria (otorgada por 90 días) podrá ser revocada si cambian los motivos por los cuales fue concedida.
La precaria habilitará a sus titulares a permanecer, egresar, ingresar, trabajar y estudiar durante su período de vigencia en el territorio nacional.
La residencia permanente no se otorgará como antes, ahora quienes deseen acceder a la misma, «deberán acreditar que cuentan con los medios económicos suficientes para subsistir en el país y que no cuenta con antecedentes penales que pudieren motivar el rechazo de la solicitud, todo ello de acuerdo con las condiciones que establezca la reglamentación».
Recibir la precaria no será valida para acreditar arraigo, necesario para la obtención de la residencia permanente, o para la adquisición de la nacionalidad por naturalización».
Será la Dirección Nacional de Migraciones, quien determinará la viabilidad del cambio de la categoría o subcategoría en que los extranjeros fueron originariamente admitidos.
Los extranjeros que incumplan el período de la residencia que se les haya otorgado, podrían ser expulsados, «podrá permanecer con sus debidas prórrogas, y deberá abandonar el país al expirar dicho plazo. En caso de incumplimiento, procederá la aplicación del artículo 61 de la presente ley».
Se le prohibirá la entrada al país a quienes hayan «incurrido o participado en actos de gobierno o de otro tipo que constituyan genocidio, crímenes de guerra,
actos de terrorismo o delitos de lesa humanidad, y de todo otro acto susceptible de ser juzgado por la CORTE PENAL INTERNACIONAL».
«La autoridad migratoria no podrá, en ningún caso, admitir en el país a un extranjero que hubiese sido condenado o tenga antecedentes por la comisión de un delito doloso contra la vida, la integridad sexual o los poderes públicos y el orden constitucional».
Quienes ingrese de manera irregular, no podrán trabajar de manera independiente o en relación de dependencia bajo ninguna circunstancia.
Te pueden revocar la residencia de turista, temporaria o permanente cuando:
Una persona «hubiese presentado documentación material o ideológicamente falsa o adulterada; o hubiese omitido informar sobre la existencia de
antecedentes penales, condenas o requerimientos judiciales», es decir, cédulas de identidad o pasaportes falsos, por ejemplo.
Luego de haberle sido otorgada la residencia permanente o temporaria, hubiese permanecido fuera del territorio nacional por un período igual o superior a UN (1) año, o SEIS (6) meses si se tratara de residencia temporaria,
Además, el decreto detalla las causales que impedirán el ingreso o permanencia en el país, tales como:
- Presentación de documentación falsa o adulterada.
- Ocultamiento de antecedentes penales.
- Simulación de vínculos con fines migratorios.
- Falta de documentación que acredite una oferta laboral válida.
Ciudadanía por inversión
Por último, se anunció la creación de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, bajo la órbita del Ministerio de Economía. Este nuevo organismo tendrá como fin diseñar y gestionar planes que promuevan la radicación de capitales extranjeros mediante beneficios migratorios y la obtención de ciudadanía.
El MINISTERIO DE ECONOMÍA establecerá qué inversiones serán consideradas relevantes, pudiendo establecer proyectos específicos de inversión a tal efecto».
Ahora, las personas que quieran optar por la ciudadanía argentina, deberán permanecer por dos años en el país, sin salir por ningún motivo ni siquiera a países limítrofes o del Mercosur.
Cabe destacar que será la Dirección Nacional de Migraciones quien ahora decida si otorga o no a la ciudadanía y no los tribunales como ocurría anteriormente.
El artículo 44 indica que quienes ya iniciaron el proceso, es decir, antes del 28 de mayo de 2025, se regirán por el antiguo reglamento y a través del mismo se analizará si se le otorga o no.
Operativos en negocios y emprendimientos
Para dar cumplimiento a la ley, ahora la Dirección Nacional de Migraciones, iniciará una serie de operativos de inspección y fiscalización orientados a verificar el cumplimiento de las obligaciones de los dadores de empleo y alojamiento con respecto a la población extranjera residente en el país; es decir, verificarán en los emprendimientos quienes están de manera legal o no.
Y las autoridades podrán «solicitar a quien se encuentre a cargo del lugar inspeccionado la presentación de los libros, registros y documentación relativa al personal y a pasajeros extranjeros que prescriba la normativa vigente. De no tenerlos disponibles en el momento de la inspección, se lo intimará a que presente tales documentos en un plazo improrrogable no superior a CINCO (5) días hábiles».
Con Información de Clarin.-
