La Casa Rosada realizó este lunes una cumbre de seguridad para ultimar detalles del operativo que se desplegará durante la marcha de jubilados prevista para este miércoles, a la que asistirán sindicatos y movimientos sociales. El Ejecutivo confirmó que se reforzarán los controles en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires y que continuará el accionar del Comando Unificado de Fuerzas Federales.
La reunión se llevó a cabo a las 11 en la sede gubernamental y estuvo encabezada por el asesor presidencial Santiago Caputo, quien recibió a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; al secretario de Inteligencia del Estado (SIDE), Sergio Neiffert; y al jefe de operaciones de Inteligencia, Diego Kravetz. También participaron el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y el secretario de Transporte, Franco Mogetta.
«Preparamos un esquema para reaccionar ante posibles hechos de violencia, como el miércoles pasado», afirmaron fuentes oficiales. Según trascendió, el encuentro también tuvo como objetivo definir la postura política del oficialismo frente a la movilización.
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Despliegue de más de 1.000 agentes
Desde la Casa Rosada descartan la presencia de barras bravas en la marcha, pero mantienen la postura de que se trata de una protesta con intenciones políticas. En ese marco, el Gobierno desplegará más de 1.000 efectivos de Gendarmería, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Prefectura.
Además, se intensificarán los controles en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires con el apoyo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), motivo por el cual Mogetta estuvo presente en la reunión. Su cartera regulará el tránsito en rutas, terminales ferroviarias y aeropuertos.
Detenciones y derecho de admisión
El Ejecutivo advirtió que se detendrá a quienes cometan delitos que pongan en riesgo la seguridad, respaldándose en el artículo 94 del Código Penal. También reconoció que es probable que se registren cortes de calles si la cantidad de manifestantes supera la capacidad de la Plaza de Mayo.
En línea con su estrategia de endurecimiento contra las protestas, la Casa Rosada ya aplicó el derecho de admisión a 26 hinchas involucrados en los disturbios de la marcha anterior, a través de una resolución del Ministerio de Seguridad. Entre ellos, figuran dos extranjeros y dos menores de edad.
Por otro lado, el Gobierno presentó una denuncia penal contra los barras y militantes detenidos tras los incidentes en el Congreso y pidió la incompetencia de la jueza Karina Andrade, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 15, quien ordenó su liberación.
