El Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD) celebró este martes el “histórico” fallo de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires, que ordenó el arresto internacional de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros altos funcionarios del Gobierno Venezolano por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
En una conferencia de prensa desde los tribunales de Comodoro Py, los miembros del FADD, que incluyen a políticos, diplomáticos, académicos, periodistas y defensores de derechos humanos argentinos, resaltaron que los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens sostuvieron en su fallo que la cúpula del régimen venezolano ha ejecutado “un plan sistemático, a lo largo del tiempo y de manera organizada” contra la población civil, mediante prácticas de “persecución, secuestro, tortura y asesinato”. Por ello, el tribunal ordenó “disponer vía Interpol la captura internacional con fines de extradición a la República Argentina” para que sean juzgados por los delitos que se les imputan.
«La Justicia argentina se ha puesto al frente de la defensa de los derechos humanos al ponerle nombre y apellido a lo que sucede en Venezuela, que es, sin duda, la peor dictadura cívico-militar de la historia de Latinoamérica, evidenciada por la cantidad de desplazados, torturados y homicidios que se han producido. Es un día de júbilo para todas las democracias republicanas del mundo y de preocupación para los dictadores», afirmó Tomás Farini Duggan, abogado representante del FADD y querellante en la causa.
Farini explicó que, tras este fallo, el siguiente paso será que las autoridades argentinas notifiquen a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) sobre estos pedidos de captura. También se planea informar formalmente a la Corte Penal Internacional (CPI), cuya fiscalía avanza en una investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde al menos 2014.
Waldo Wolff, presidente del FADD, afirmó que «si bien Maduro sigue ostentando el poder en Venezuela, se convierte en un rehén de su dictadura y solo podrá circular libremente por países del eje, como Nicaragua, Cuba e Irán».
«Este es nuestro granito de arena en la lucha diaria por la democracia en la región», añadió Wolff, instando a asociaciones civiles y abogados de otros países a impulsar iniciativas similares en sus sistemas de justicia, basadas en el principio de jurisdicción universal de derechos humanos, que permite procesar graves crímenes contra la humanidad sin importar dónde se cometieron o la nacionalidad de las víctimas o perpetradores.
Elisa Trotta, secretaria general del FADD, destacó que los delitos de lesa humanidad no prescriben y recordó el antecedente del exdictador Augusto Pinochet, quien fue detenido en 1998 en Londres gracias a una orden de captura emitida por la Justicia española, también fundamentada en el principio de jurisdicción universal de derechos humanos.
“Esto marca un hito fundamental para todos los venezolanos y demócratas del mundo que hemos luchado durante años por justicia. Para nosotros, esto significa esperanza y es un reconocimiento para todas las víctimas que han sido perseguidas, torturadas, encarceladas y asesinadas en Venezuela. Seguiremos adelante hasta que podamos decir: ‘Nunca más’”, enfatizó Trotta.
Rigoberto Lobo, una de las víctimas que ofreció su testimonio ante el tribunal, alertó que estos crímenes continúan en Venezuela, donde hay cerca de 2,000 presos políticos, incluidos activistas, defensores de derechos humanos, periodistas, personas con discapacidad, mujeres y niños.
Lobo también advirtió que los defensores de derechos humanos en Venezuela viven “bajo la amenaza de represión, incluida la transnacional, por parte del régimen autoritario de Maduro, en una clara estrategia para desmantelar el tejido organizativo que representa una amenaza para su permanencia en el poder”.
