Argentina y Venezuela volvieron a enfrentarse este lunes, pero no fue un conflicto diplomático habitual ni acusaciones directas entre Nicolás Maduro y Javier Milei. Esta vez, ambos países emitieron órdenes de captura contra los dos mandatarios, algo sin precedentes, aunque con consecuencias distintas para cada uno.
La mañana de este Lunes 23 de septiembre, el diario El Tiempo reveló en exclusiva que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela emitiría órdenes de arresto contra el presidente argentino Javier Milei, su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Las acusaciones incluyen delitos graves como robo agravado, legitimación de capitales, simulación de hechos punibles, y privación ilegítima de libertad. Todos relacionados con el llamado «robo» del avión de Emtrasur, una aeronave venezolana retenida en Buenos Aires en 2022 y posteriormente entregada a Estados Unidos.
Sin embargo, por la noche, la Justicia Federal de Argentina respondió emitiendo una orden de captura contra Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros altos funcionarios, acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. La denuncia, presentada en enero de 2023 por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), se basa en el principio de jurisdicción universal, que permite a los países juzgar graves delitos de derechos humanos sin importar dónde se hayan cometido.
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¿Qué impacto tendrán estas órdenes de captura?
En la práctica, es improbable que Javier Milei sea arrestado y extraditado a Venezuela. Pero en el caso de Maduro, aunque su detención también es difícil, esta orden agrava su aislamiento internacional y aumenta la presión sobre la Corte Penal Internacional (CPI) y su fiscal, Karim Khan, para que emita una orden de captura oficial.
Por su parte, el abogado Tomás Farini, quien lidera la denuncia, calificó de «improcedentes» las órdenes de arresto contra Milei y Bullrich, argumentando que no tienen sustento legal, dado que Milei no era presidente en el momento de los hechos. Además, Farini aclaró que las órdenes de Venezuela carecen de base jurídica.
En cuanto a la situación en Argentina, Farini explicó que las órdenes contra Maduro y otros jerarcas del gobierno son más viables. Si se solicitan las alertas rojas de Interpol, Maduro y los demás funcionarios no podrían salir de Venezuela sin correr el riesgo de ser arrestados y extraditados a Buenos Aires para enfrentar la justicia.
La orden de captura en Argentina tiene, además, un fuerte valor simbólico al señalar directamente los crímenes del gobierno de Maudro, etiquetado como una «dictadura cívico-militar«.
Por ahora, tanto Venezuela como Argentina guardan silencio oficial sobre las órdenes de captura, aunque preocupa la seguridad de seis refugiados en la embajada argentina en Venezuela, todos cercanos a la líder opositora María Corina Machado. Estos refugiados llevan meses bajo asedio constante de las fuerzas de seguridad venezolanas, y el último incidente ocurrió el 8 de septiembre, cuando la policía rodeó la residencia diplomática durante más de 12 horas.
El Foro Argentino para la Defensa de la Democracia ahora busca que más países se sumen a la presión internacional contra Maduro. Un antecedente relevante de la aplicación de jurisdicción universal fue la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet en Londres en 1998, por una orden de arresto de la justicia española en relación a crímenes cometidos durante la dictadura en Chile.
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