Como se sabe, la persona que se adhiere al monotributo debe elegir una obra social y si no lo hace se le asigna por default. El problema empieza después, cuando esos potenciales pacientes requieren las prestaciones médicas.
Expertos consultados por Clarín coincidieron en que estos ciudadanos (unos 3 millones aproximadamente en el país) se encuentran hoy en una especie de limbo burocrático que les cuesta superar. Así, el adecuado acceso a la salud termina siendo para ellos una deuda. El mega DNU del Gobierno, que legisló en temas de salud, no se metió en este problema de financiamiento, que es uno de los principales que atraviesa un sistema en crisis.
Desde el Gobierno admiten que las obras sociales ponen todo tipo de trabas para afiliar a los monotributistas, debido a que el aporte mensual que hacen estas personas es muy bajo. Por otro lado, si en el marco de ese déficit recurren al sistema público, también pueden encontrar escollos por el hecho de tener -en teoría- una obra social.
Estos nuevos “ni-ni” -término otrora acuñado para referenciar a los jóvenes sin estudio ni trabajo, resignificado por la falta de acceso a la salud- son protagonistas involuntarios de un escenario paradójico: el Estado supuestamente busca beneficiar al monotributista con el derecho a una cobertura, pero el beneficiario queda atrapado en el relato, perjudicado por el virtual tironeo que se entabla entre la seguridad social y la salud pública.
El conflicto se reproduce año tras año sin solución a la vista. “Hay alrededor de dos millones de afiliados monotributistas en las obras sociales, que aportan en promedio 6 mil pesos por mes, cuando los afiliados en relación de dependencia (más de 12 millones de personas) aportan alrededor de 25 mil”, explicó a Clarín una fuente de una de las obras sociales más grandes del país.
Con esas cifras, la fuente intenta argumentar por qué las obras sociales no quieren llenarse de monotributistas, en el sentido de que es muy poco lo que estas personas aportan en función de la prestación que tienen derecho de reclamar. Las miradas sobre el tema, efectivamente, dan cuenta de una tensión tóxica entre dos de los tres subsistemas (el tercero es el privado) que integran el concierto sanitario argentino.
“El Estado hace una fiesta y le hace pagar el champagne a las obras sociales”, grafica en diálogo con Clarín Rubén Torres, ex rector de la Universidad Isalud y uno de los sanitaristas más importantes del país. “Las obras sociales, cada vez que les ingresa un monotributista, están perdiendo muchísimo dinero. Esa es la razón del rechazo”.
