El jefe del Servicio de Migraciones chileno, Eduardo Thayer, aseguró que “Chile no incentivará nuevos flujos migratorios” ni “modificará su política migratoria fronteriza debido a una crisis en algún país de la región”, en respuesta a la posibilidad de una llegada masiva de extranjeros al país, tras las investidura de Nicolás Maduro en Venezuela y Donald Trump en Estados Unidos.
En una entrevista con EFE, Thayer enfatizó la necesidad de integrar a quienes ya se encuentran en Chile y resolver los problemas de integración y regularización de los migrantes. “Es importante enfocarse en aquellos que ya están, no en nuevos flujos”, señaló desde su oficina en el centro de Santiago.
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A pesar de que es “prematuro” hablar de una nueva ola migratoria, el titular del Servicio de Migraciones destacó que el gobierno chileno continuará reforzando el control fronterizo y reduciendo el ingreso irregular. Según las estimaciones del propio servicio, los ingresos irregulares cayeron un 37% en 2024 en comparación con el año anterior, y un 48% respecto a 2022.
“Las personas en situación irregular representan un problema para la seguridad, la integración y la convivencia social”, comentó Thayer, sociólogo de formación y militante del Frente Amplio, el mismo partido del presidente Gabriel Boric. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el 6,6% de la población extranjera en Chile está en situación irregular.
En cuanto a la posible regularización, Thayer indicó que el gobierno está evaluando un proceso limitado que beneficiaría a unas 180.000 personas que se empadronaron voluntariamente en 2023 y que tienen vínculos laborales o familiares en el país. “Este proceso será más exigente que los anteriores y diferenciará a Chile de otros países de la región”, explicó.
En relación con los acuerdos internacionales, Thayer destacó los avances con Bolivia. En diciembre, ambos países firmaron un acuerdo histórico en el que se comprometieron a aceptar la devolución de migrantes de terceros países, lo que se considera un importante avance en la cooperación migratoria.
Chile, con una población de 19,6 millones de personas, alberga a aproximadamente 1,6 millones de migrantes, siendo los venezolanos el grupo más numeroso. En cuanto a las expulsiones, Thayer confirmó que el gobierno de Boric cumplirá con la promesa de expulsar a más de 2.000 migrantes en 2024, aunque ya en 2023 se registraron 1.091 expulsiones, de las cuales 683 fueron administrativas, el doble de lo habitual entre 2008 y 2021.
Thayer, quien también fue fundador del Observatorio de Políticas Migratorias y asesor de la ONU, descartó que el gobierno haya endurecido su postura migratoria: “No ha habido cambios, estamos implementando lo que se prometió durante la campaña”, afirmó.
El tema migratorio ha generado creciente preocupación en la sociedad chilena. Según encuestas, la resistencia a la inmigración es cada vez más fuerte, por lo que el gobierno presentó un proyecto de ley en junio de 2023 para endurecer las sanciones por ciertos delitos cometidos por extranjeros, como tráfico de personas y conductas que alteren la convivencia. El proyecto se encuentra en trámite en el Parlamento y se espera que se apruebe en el primer trimestre de 2025.
