La imputación anunciada este miércoles por Estados Unidos contra el expresidente cubano Raúl Castro marca un nuevo punto de tensión en la histórica confrontación entre Washington y La Habana.
El Departamento de Justicia estadounidense informó que Castro y otros cinco exfuncionarios enfrentan cargos penales por conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses y homicidio, relacionados con el derribo de dos avionetas civiles ocurrido hace 30 años.
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Las aeronaves pertenecían a Hermanos al Rescate, grupo dedicado a asistir a balseros cubanos. El ataque dejó cuatro muertos, incluidos tres ciudadanos estadounidenses, y profundizó el conflicto político entre ambos países, que arrastran décadas de enfrentamientos desde la Guerra Fría.
En ese momento, Castro ocupaba el cargo de ministro de Defensa del gobierno encabezado por su hermano Fidel Castro. Actualmente tiene 94 años y está retirado de la vida pública, aunque sigue siendo considerado una figura influyente dentro de Cuba.
La acusación fue presentada en Miami, uno de los principales bastiones del exilio cubano en Estados Unidos, coincidiendo además con la conmemoración de la independencia cubana, en una decisión cargada de simbolismo político.
Se trata de la primera vez en más de siete décadas de conflicto entre ambos países que Washington acusa formalmente de asesinato a un alto dirigente cubano, activo o retirado.
La decisión abre múltiples interrogantes sobre sus posibles consecuencias políticas y judiciales.
La acusación se produce además en un contexto de fuerte presión de la administración de Donald Trump sobre Cuba, agravada por sanciones económicas y restricciones petroleras que profundizaron la crisis energética y económica en la isla.
Trump incluso declaró recientemente que Estados Unidos podría tomar control de Cuba “casi de inmediato”, declaraciones que reavivaron comparaciones con lo ocurrido en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro en enero, luego de acusaciones vinculadas al narcotráfico.
La experta en relaciones entre Estados Unidos y América Latina de la Universidad Johns Hopkins, Cynthia Arnson, señaló que existen dos posibles interpretaciones sobre la acusación contra Castro.
Según explicó, una apunta a una estrategia de “máxima presión” y guerra psicológica contra Cuba, mientras que la otra sugiere un posible paralelismo con el precedente venezolano.
No obstante, varios analistas advierten que las diferencias entre Cuba y Venezuela hacen mucho más compleja cualquier eventual operación militar.
En paralelo, Washington incrementó en los últimos meses las sanciones contra funcionarios cubanos, organismos estatales y empresas extranjeras vinculadas con la isla.
El director de la CIA, John Ratcliffe, visitó Cuba recientemente y, según reportes, pidió reformas políticas y económicas, además de exigir el fin de presuntas operaciones de espionaje de China y Rusia desde territorio cubano.
Entre los interlocutores cubanos de Ratcliffe estuvo Raúl Rodríguez Castro, conocido como “El Cangrejo” y señalado como uno de los hombres más cercanos al exmandatario.
También trascendió un aumento de vuelos de vigilancia estadounidenses sobre Cuba y desacuerdos en torno a una ayuda humanitaria de US$100 millones ofrecida por Washington.
Por su parte, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio aseguró que Estados Unidos está preparado para “abrir un nuevo capítulo” en la relación con Cuba, aunque sugirió la necesidad de cambios políticos en la isla, incluyendo elecciones libres y mayor apertura económica.
Sin embargo, hasta ahora no existen señales claras de que el gobierno cubano esté dispuesto a ceder a las exigencias de Washington.
El presidente cubano Miguel Díaz-Canel advirtió recientemente que una eventual agresión militar contra la isla provocaría “un baño de sangre de consecuencias incalculables”.
Tras conocerse la acusación contra Castro, Díaz-Canel calificó la medida como “una acción política sin fundamento jurídico” destinada a construir argumentos para justificar una posible agresión militar.
Diversos especialistas consideran que la acusación también transmite una amenaza implícita: que Castro termine enfrentando un escenario similar al de Maduro, actualmente sometido a la justicia estadounidense en Nueva York.
El Departamento de Justicia indicó que, de ser hallado culpable, Raúl Castro podría enfrentar cadena perpetua o incluso la pena de muerte.
Aun así, expertos destacan diferencias fundamentales entre ambos casos.
El analista de seguridad de la Universidad Internacional de Florida, Brian Fonseca, señaló que el sistema cubano es más institucionalizado, ideológicamente cohesionado y con mayor experiencia resistiendo presiones externas.
Además, mientras Maduro seguía ejerciendo la presidencia cuando fue detenido, Castro lleva años fuera del poder formal, lo que hace menos probable que un eventual arresto provoque una caída inmediata del gobierno cubano.
El profesor de la American University, William LeoGrande, afirmó que una operación militar en Cuba sería mucho más riesgosa políticamente, ya que Raúl Castro continúa siendo visto por muchos cubanos como una figura histórica de la revolución.
También advirtió sobre el factor edad: con 94 años, cualquier intento de captura implicaría riesgos elevados para su integridad física.
Aunque Trump ha demostrado disposición a asumir riesgos militares en otros escenarios internacionales, todavía no está claro cuál es exactamente su objetivo respecto a Cuba ni si contempla una intervención directa.
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Tampoco existen señales concretas sobre quién podría asumir el liderazgo de la isla en caso de una eventual transición impulsada desde Washington.
Según LeoGrande, cualquier cambio de gobierno requeriría el respaldo de las Fuerzas Armadas, la estructura estatal y el Partido Comunista, algo que considera difícil de lograr con un liderazgo promovido por Estados Unidos.
Con Información de BBC.-
