La asociación civil Cedice Libertad, como parte de la Alianza por los Derechos de Propiedad, presentó los resultados del Índice Internacional de Derechos de Propiedad 2024, donde Venezuela figura en el último lugar a nivel mundial.
Este índice evalúa los derechos de propiedad en 125 países y refleja la situación de 93,4% de la población global y 97,5% del PIB mundial. La posición de Venezuela en el ranking resalta la crítica situación de los derechos de propiedad en el país.
Sary Levy, autora del IPRI, destacó que los derechos de propiedad son fundamentales para una economía de libre mercado y forman parte integral de los derechos humanos, tal como se menciona en el artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En este contexto, el informe se convierte en una herramienta valiosa para los responsables políticos y líderes empresariales que buscan entender cómo interactúan los componentes del ecosistema de los derechos de propiedad, incluyendo el entorno legal y político, así como los derechos de propiedad física e intelectual.
Esos elementos son esenciales para atraer inversión y fortalecer las instituciones.
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En Venezuela se vulneran los derechos de propiedad
El índice reveló que la puntuación más baja obtenida por Venezuela se relaciona con el entorno legal y político, donde la falta de independencia judicial y un marco regulatorio que vulnera los derechos de propiedad limitan el desarrollo económico.
Estos factores han creado un clima de incertidumbre que desalienta tanto a inversores locales como extranjeros.
En contraste, el IPRI 2024 ubicó a Finlandia en la primera posición a nivel mundial, seguido por Singapur, Dinamarca, Países Bajos y Luxemburgo.
Estos países son ejemplos de cómo un marco jurídico sólido mejora la resiliencia económica y la competitividad, proporcionando un ambiente seguro para la inversión y la innovación.
Uruguay se destacó como el país con más garantías y respeto al derecho de propiedad en América Latina y el Caribe, ocupando el puesto 25 a nivel global.
Levy también advirtió sobre la debilidad global de las instituciones y su impacto en los derechos de propiedad. En un contexto de desafíos económicos, el fortalecimiento de estos derechos resulta crucial para la recuperación y el crecimiento.
Un marco jurídico y político sólido no solo protege los activos de los inventores, sino que también incentiva a los creadores a innovar, lo que lleva al desarrollo de productos mejores y más seguros.
Cedice Libertad señala que estos marcos ofrecen a los inversores la seguridad necesaria para respaldar nuevas empresas, impulsando así la innovación y el progreso económico.
La situación de Venezuela plantea serios desafíos, de acuerdo con el informe. La combinación de inestabilidad política y un sistema jurídico debilitado socava los derechos de propiedad, limitando las oportunidades económicas y exacerbando la crisis.
