El Gobierno nacional profundizó su plan de reestructuración estatal y ratificó una baja de 81.108 puestos de trabajo en el Estado nacional desde diciembre de 2023, lo que representa una disminución del 16% de la dotación total del sector público. Los datos fueron presentados por el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, durante su exposición ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, en el marco del debate por el presupuesto 2027.
Fariña detalló que casi 47.000 de las bajas corresponden al personal civil de la Administración Pública Nacional y otras 22.000 a las empresas públicas, con una continuidad en el recorte que sumó cerca de 20.000 puestos menos entre enero y septiembre de 2026.
Retiros voluntarios y reorganización de organismos
Uno de los ejes centrales del achique estatal fue la implementación de programas de retiros voluntarios en más de 15 dependencias, a los cuales se adhirieron 6.254 trabajadores. Entre los organismos con mayor cantidad de bajas bajo esta modalidad se encuentran:
- ANSES, PAMI y Corredores Viales: más de 1.000 retiros cada uno.
- INTA: más de 800 retiros.
- Vialidad Nacional: más de 600 retiros.
En paralelo, el Ejecutivo redujo de 117 a 91 la cantidad de organismos nacionales (un 22% menos) y eliminó 26 dependencias en total. En la misma línea, se achicaron los cargos de autoridades superiores —pasando de 307 a 192— y los puestos de alta dirección (de 2.476 a 1.994), medidas que, según el funcionario, generan un ahorro anual de $50.000 millones en salarios jerárquicos.
Como ejemplo de la sobredimensión previa, Fariña mencionó el caso de Vialidad Nacional, donde los cargos jerárquicos pasaron drásticamente de 1.543 a 176, señalando que antes existía «un cargo cada tres personas». Asimismo, destacó la reducción de 891 a menos de 260 cargos en la Comisión Nacional de Energía Atómica.
De cara al futuro, el secretario adelantó que para 2027 se trabaja en la implementación de un sistema único de recursos humanos y liquidación de salarios, diseñado para unificar los pagos, optimizar el control de ausencias y detectar incompatibilidades de forma automatizada.
Una nueva ley de semillas y desregulación comercial
A su turno, el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, anunció que el Ejecutivo prepara una nueva ley de semillas orientada a fortalecer la protección de la propiedad intelectual y potenciar las inversiones en el sector agropecuario.
«Necesitamos avanzar hacia una nueva ley que asegure esa inversión en innovación y cierre completamente las brechas de productividad que tenemos en el agro», sostuvo Cacace, al tiempo que destacó que la iniciativa se negocia con entidades rurales y empresas semilleras para lograr un amplio consenso antes de ser enviada al Congreso.
El funcionario también hizo hincapié en la eliminación de trabas burocráticas para el comercio exterior, señalando que las principales barreras comerciales no provienen de los aranceles, sino de las regulaciones administrativas internas. Como muestra de los cambios, destacó que tras la derogación de restricciones al patentamiento químico-farmacéutico, las patentes aprobadas por el INPI pasaron de un promedio de 60 a 120 mensuales, un hito vinculado a la llegada de nuevas inversiones del sector farmacéutico y laboratorios internacionales en el país.
