El mandatario salvadoreño adelantó que evalúa un esquema de condenas anticipadas y monitoreo para personas que colaboraron con estructuras criminales, en medio de cuestionamientos internacionales sobre el régimen de excepción
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció la implementación de un plan orientado a ofrecer una liberación anticipada y condicional a aproximadamente la mitad de las personas encarceladas bajo su política de seguridad conocida como la “guerra contra las pandillas”.
El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa, el mismo día en que el mandatario mantuvo una llamada telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. La medida surge en un contexto marcado por fuertes cuestionamientos de organismos internacionales respecto a presuntas violaciones a los derechos humanos bajo el régimen de excepción, vigente en el país centroamericano desde hace cuatro años y medio.
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Un enfoque diferenciado para grados de colaboración
Durante su intervención, Bukele explicó que el plan beneficiaría a cerca del 50% de la población carcelaria que ha colaborado con pandillas.
“Hay mucha gente que sí ha cometido delitos, pero ese delito fue de colaborar con las pandillas. Merece estar en la cárcel, pero venimos de un país donde colaborar con las pandillas no era inusual. Nosotros hemos establecido un criterio de qué nivel de colaboración fue”, señaló el mandatario.
Bukele argumentó que, de haber aplicado detenciones masivas absolutas a todos los colaboradores, las cifras habrían alcanzado al 20% de la población total del país. Sin entrar en detalles específicos sobre los plazos o los requisitos exactos, el jefe de Estado indicó que se aplicarán criterios técnicos para definir condenas anticipadas con medidas de monitoreo.
El balance del régimen de excepción
Desde el inicio del régimen de excepción en marzo de 2022, cerca de 93.000 personas han sido encarceladas. Si bien la medida ha logrado reducir los índices de criminalidad a mínimos históricos, organizaciones no gubernamentales (ONG) y un grupo de expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) han advertido que la estrategia ha derivado en graves violaciones a los derechos humanos e incluso en crímenes de lesa humanidad.
Por su parte, la administración gubernamental ha defendido sus resultados, señalando que 8.000 personas inocentes fueron liberadas previamente, catalogándolas dentro de un “margen de error” del sistema. No obstante, colectivos de derechos humanos han documentado más de 6.000 denuncias de abusos y al menos 575 muertes de personas bajo custodia estatal.
Debate sobre la vía institucional
La revelación sobre la “liberación anticipada” surgió al responder a una consulta sobre publicaciones previas de su hermano, Ibrajim Bukele, en la red social X, donde aludió a una “comisión independiente” encargada de evaluar casos de detenidos en coordinación con la Fiscalía, el Ministerio de Justicia y Centros Penales.
Mientras el presidente defendió que el objetivo principal es evitar la permanencia de personas inocentes en prisión —operando bajo una figura alternativa de justicia ajena al sistema tradicional de jueces y Fiscalía—, sectores jurídicos independientes han expresado reservas.
Abraham Abrego, director legal de la ONG Cristosal (en el exilio), valoró la revisión de casos de inocentes como una demanda histórica de las organizaciones sociales; sin embargo, advirtió que la determinación de la culpabilidad y el debido proceso corresponden de manera exclusiva al sistema judicial y no al Poder Ejecutivo.
