Han transcurrido cinco meses desde la masacre ocurrida en el Centro Penitenciario Yare III y, hasta la fecha, no se conocen los resultados de la investigación ni se han determinado públicamente responsabilidades por la muerte de cinco personas que se encontraban bajo custodia del régimen venezolano.
Los hechos ocurrieron el 20 de abril, luego de que los privados de libertad acumularan cinco días sin recibir agua potable ni alimentos. Según los testimonios documentados por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), mientras los internos se encontraban en una actividad religiosa, funcionarios del Servicio de Sistema de Máxima Seguridad (Sesmas), comandados por un funcionario conocido como “Apolo”, realizaron una requisa sorpresiva.
En medio de estas condiciones comenzó una protesta para exigir alimentos, agua, la presencia del director y traslados a otros centros penitenciarios. Funcionarios del Sesmas, con apoyo del Grupo de Respuesta Inmediata y Custodia (GRIC), ingresaron al módulo II y dispararon balas y perdigones contra la población penal, de acuerdo con los testimonios recabados por nuestra organización.
Keivin Eduardo Matamoros Matamoros, Eliecer José Córdoba García, Erkin Josué Ramos Flores, José Pascual Andrade Aguilar y Jean Carlos Jiménez Barrios perdieron la vida. Además, un número no determinado de privados de libertad resultó herido. Todos estaban bajo la custodia del Gobierno venezolano, que tenía la obligación de proteger su vida e integridad.
Ese mismo 20 de abril, el Ministerio Público anunció una investigación y designó una comisión de fiscales adscritos a la Dirección de Protección de Derechos Humanos para esclarecer lo ocurrido. Un día después, el Ministerio para el Servicio Penitenciario confirmó las cinco muertes y presentó los hechos como una “riña entre privados de libertad que devino en un motín”, además de informar que el Ministerio Público investigaría las circunstancias.
Cinco meses después, no se conocen públicamente los resultados de esa investigación, las actuaciones realizadas, los funcionarios investigados ni las responsabilidades determinadas.
La Defensoría del Pueblo tampoco ofreció públicamente respuestas sobre las cinco muertes. El 22 de abril, mientras las familias permanecían a las afueras de Yare III buscando información, un funcionario de esa institución que prefirió no identificarse confirmó que se estaban realizando traslados, aunque no pudo precisar cuántas personas estaban siendo movilizadas.
Más de 600 presos trasladados después de la masacre
Para el 28 de abril, desde el OVP documentamos el traslado arbitrario de más de 600 privados de libertad desde Yare III hacia cárceles de Aragua, Carabobo, Guárico y Lara. No existía una lista oficial y muchas familias desconocían dónde se encontraban sus seres queridos.
Desde entonces advertimos que estos traslados podían borrar evidencias y obstaculizar la investigación, al movilizar también a personas que pudieron haber sido víctimas o testigos de lo sucedido.
Frente a estos hechos, el OVP señaló desde abril que el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo estaban omitiendo su deber de actuar y los consideró cómplices por acción y omisión, mientras exigíamos respuestas al Ministerio para el Servicio Penitenciario. Cinco meses después, la ausencia de resultados públicos prolonga esa impunidad.
Quienes están al frente de estas instituciones no pueden escudarse en el silencio frente a cinco muertes ocurridas bajo custodia. Debe investigarse a quienes dispararon, pero también la cadena de mando, las órdenes impartidas, la actuación de las autoridades penitenciarias y cualquier acción u omisión que haya contribuido a impedir el esclarecimiento de los hechos.
Además, lo ocurrido el 20 de abril se produjo en un penal donde el OVP ya había documentado denuncias de torturas, tratos crueles e inhumanos, así como falta de agua potable, alimentación deficiente, dificultades para acceder a atención médica y golpizas contra privados de libertad.
Es por ello que desde el Observatorio Venezolano de Prisiones exigimos que se hagan públicos los resultados de la investigación, que se identifique y lleve ante la justicia a los responsables materiales y de mando, que se investiguen las denuncias de torturas y tratos crueles e inhumanos y que se garantice la reparación integral de las víctimas y sus familiares.
Cinco meses después, hay cinco muertos, personas heridas, más de 600 presos trasladados y una investigación anunciada. Lo que todavía no hay son responsables ante la justicia.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
Foto: Cortesía
