Desde hoy entra en vigencia el nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, sancionado en febrero por el Senado de la Nación. Hasta ahora, la imputabilidad era desde los 16 años. Pero los jóvenes de 14 y 15 que cometan un delito también serán imputables. Se estima que habrá un alto crecimiento de causas, pero hay dudas sobre la estructura para atenderlas.
A partir hoy entró en vigencia el nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, en el que los adolescentes de 14 y 15 años de edad pasarán a ser imputables si comenten un delito. Funcionarios judiciales consultados por Clarín coincidieron que podría haber hasta un 80% más de causas penales y que esta norma no aborda temas centrales de la prevención como la educación o la contención de los menores.
El Senado de la Nación sancionó en febrero de este año la Ley 27.801 y se dispuso su entrada en vigencia 180 días después de su promulgación. El principal cambio es que tiene como objeto “el establecimiento del régimen penal aplicable a las personas adolescentes, desde los catorce (14) años de edad hasta las cero (0) horas del día en que cumplan dieciocho (18) años de edad, cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro”.
Esta puesta en marcha trajo varios cuestionamientos dentro de la Justicia, principalmente desde fiscalías y juzgados que atienden causas de menores, tanto a nivel nacional como provinciales.
“Hasta este viernes (por ayer) llamamos a los chicos de 14 y 15 ‘no punibles’ y ahora se convierten en ‘punibles’. Significa que cuando comete un delito grave, de penas de más de tres años como robo a mano armada, abuso u homicidio, va preso”, dijo a Clarín un fiscal de menores de la provincia de Buenos Aires.
Esto provocará el inicio de un proceso penal que incluirá -según el delito del que se lo imputa- el pedido de pericias a celulares, armas, informes médicos, de huellas y demás procedimientos que forman parte de un expediente judicial.
“Se van a seguir causas que ahora no. Hasta ahora si un menor que cometía un hecho tenía derecho a ser oído, ahora se lo imputa, se lo indaga y sigue un proceso penal hasta un juicio”, explicó el secretario de un juzgado de menores bonaerense.
La misma fuente consultada señaló que también investiga y procesa a mayores cuando existe participación en el hecho donde interviene la justicia de menores.
A su vez, remarcó que deberán cubrir el aluvión del número de causas en aumento con los mismos recursos que tienen ahora.
“A un chico de 14 o 15 años vamos a tener que pedirle al juez de Garantías su detención. Es un procedimiento mucho más amplio que va a perjudicar el funcionamiento de las fiscalías porque hay otras medidas que se toman”, relató el fiscal.
“Es una Ley de marketing, muchos se manejan con los números de las estadísticas, pero no con la realidad. Hoy la reincidencia aumenta y hay cada vez más baja de edad (en los que delinquen) por la falta de educación y de trabajo”, sostuvo el fiscal.
Según proyecciones que se realizaron en la provincia de Buenos Aires desde la Comisión del Fuero de Responsabilidad Juvenil, que pertenece al Colegio de Magistrados y Funcionarios bonaerenses, se calcula que habrá un incremento entre el 40 y 60%.
Según datos de la Procuración bonaerense, en 2025 se iniciaron un total de 1.857 procesos penales juveniles donde fueron imputados 1.828 menores.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes, confirma que en 2025 se iniciaron 1.753 causas penales a menores, de las cuales 802 fueron a niños, niñas y adolescentes de hasta 15 años inclusive, es decir, en edad de inimputabilidad.
En total, 1.193 los menores fueron imputados por primera vez y 407 llegaron a ser juzgados por un tribunal de menores.
“Esta ley parte de una demanda social que estaba exigiendo más seguridad y una baja de imputabilidad”, dijo a Clarín un juez de un tribunal nacional de menores.
Este magistrado prevé que la nueva norma provocará “un sistema desbordado”, ya que la estructura estatal de centros de menores “no está preparada para el incremento de los delitos y la baja de edad de inimputabilidad”.
Este funcionario consideró que el aumento de menores imputados podría aumentar hasta un 80%.
Según el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad, en 2025 ingresaron 1.154 menores punibles y 994 no punibles. Hasta el 1° de agosto de este año, fueron 749 los punibles y 588 casos de menores no punibles.
“El sistema policial no está preparado para chicos de 14, 15 o 16 años. No tenemos un lenguaje para hablar con estos chicos. Tampoco el sistema educativo está para abordar y evitar una conflictiva penal. Si no funcionan los sistemas de alertas como centros comunales, escuela, club, parroquias, para proteger y acompañar a las infancias, ahí arranca la problemática. El sistema penal no educa ni sociabiliza”, expresó el juez.
Durante el año pasado la justicia nacional investigó 2.005 hechos, de los cuales el 81% fue contra la propiedad, es decir, robos. Los delitos sexuales y en el cuarto lugar, contra las personas, como por ejemplo los homicidios, donde se investigaron a 10 menores.
“Muchos de los imputados son pibes de distintos estratos sociales, que es otro tema para abordar. El proceso penal de la nueva ley es igual, pero es más gravosa respecto al derecho penal de adultos y que tendría que ser lo contrario, más benigna”, sostuvo el funcionario.
En la normativa se establece que para los casos de delitos con hasta 3 años de prisión y de delitos de 3 a 10 años de prisión (que no incluyan muerte o lesiones graves), se aplicarían las condenas bajo el régimen de prisión domiciliaria, tareas comunitarias, imposibilidad de conducir o reparaciones económicas.
La pena máxima de prisión se baja de 20 años a 15 para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Además, se prevé la creación de institutos especiales para contener a los jóvenes.
La nueva ley prevé, a su vez, la creación de institutos especiales para contener a los jóvenes y personal especializado en infancia y adolescencia en dichos centros.
Otro de los puntos que aborda la nueva ley son la puesta en marcha de programas educativos, laborales y recreativos para garantizar la reinserción de los jóvenes.
Alertan por un aluvión de expedientes que atenderán sin recursos.
Clarín.-
