- La maniobra utilizaba pasajeros desprevenidos en el Aeropuerto de Ezeiza para generar registros biométricos falsos que acreditaban ingresos al país de profesionales que aún permanecían en el exterior
Una serie de irregularidades en registros biométricos —como imágenes defectuosas o personas con gorra en los controles— permitió destapar una compleja red de falsificación migratoria destinada a simular el ingreso a la Argentina de ciudadanos extranjeros, principalmente médicos colombianos, que buscaban instalarse en el país para realizar residencias o ejercer su profesión.
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Para avanzar hacia la radicación permanente, los profesionales debían cumplir con una residencia temporaria de dos años y acreditar una permanencia efectiva en territorio nacional. Ante este requisito, una organización de gestores ofrecía un servicio ilegal para simular los ingresos mientras los interesados continuaban en su país de origen.
El modus operandi en Ezeiza y pasos fronterizos
La causa, instruida por el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, apunta a la participación directa de al menos dos agentes de Migraciones en el Aeropuerto de Ezeiza. Valiéndose de la llegada de vuelos procedentes de Colombia —como los de la aerolínea Avianca—, los operadores utilizaban cédulas de identidad enviadas previamente por la red para identificar en las filas a pasajeros que tuvieran un parecido físico con los titulares de los documentos.
Bajo la excusa de un error en el sistema, los agentes derivaban a los pasajeros a otro compañero ajeno a la maniobra, capturando así una fotografía biométrica real de un tercero desprevenido que luego era asociada al falso movimiento migratorio del profesional ausente. La investigación también detectó la posible complicidad de un agente en pasos fronterizos terrestres del norte del país.
Circuitos económicos y alcances de la causa
Si bien hasta el momento se ha individualizado a 101 profesionales colombianos beneficiados por el mecanismo, la cifra total de ingresos ficticios y personas involucradas continúa bajo análisis.
De acuerdo con la reconstrucción económica de la pesquisa, los beneficiarios pagaban entre US$30.000 y US$40.000 por un paquete de gestiones integrales que incluía asesoramiento legal, radicación y trámites profesionales. De ese monto, los empleados infractores de Migraciones habrían recibido aproximadamente US$200 por cada movimiento falso generado.
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Operativos y delitos imputados
El avance de las pesquisas derivó en 10 allanamientos simultáneos y la captura de siete personas. En los procedimientos se incautaron teléfonos celulares, equipos informáticos, dispositivos de almacenamiento, documentación de interés, vehículos y dinero en efectivo.
Los implicados enfrentan cargos por violación de los deberes de funcionario público, asociación ilícita e inserción de datos falsos en instrumento público, en medio de una causa donde la Justicia también investiga maniobras de encubrimiento y destrucción de pruebas digitales tras el inicio de las pesquisas.
