La mayoría de los robos se registró en el barrio de Belgrano, aunque también hubo hechos en Núñez, Caballito, Villa Urquiza y otras zonas de la Ciudad de Buenos Aires. La organización criminal tenía un objetivo definido: camionetas Toyota Hilux. Entre febrero de 2025 y marzo de este año, la banda logró sustraer 20 vehículos 4×4.
Tras una investigación llevada adelante por la Policía de la Ciudad, los integrantes de la organización fueron detenidos. Desde la Fiscalía Descentralizada de Núñez-Saavedra, encabezada por el fiscal José María Campagnoli, explicaron que el trabajo realizado por los investigadores permitió descubrir el funcionamiento de una estructura criminal dedicada desde hacía tiempo al robo de camionetas Toyota Hilux dentro de la Capital Federal.
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Según sostuvo la fiscalía al solicitar las detenciones y los allanamientos, cada uno de los sospechosos desempeñaba una función específica dentro de una organización que operaba de manera coordinada. La estructura se encargaba de planificar los robos, ejecutar la sustracción de los vehículos y posteriormente comercializarlos, obteniendo importantes beneficios económicos.
La denominada “empresa criminal” se enfocaba en camionetas estacionadas en la vía pública. De acuerdo con el expediente judicial, los delincuentes lograban ingresar a los vehículos y encenderlos mediante sofisticados dispositivos electrónicos de intrusión, entre ellos repetidores de señal, clonadores de llaves inteligentes y emuladores capaces de sustituir la comunicación entre la llave original y el sistema de encendido.
En el dictamen del Ministerio Público Fiscal se explicó que esta tecnología permite arrancar los vehículos sin provocar daños visibles en cerraduras o sistemas de encendido, una modalidad característica de bandas especializadas que cuentan con herramientas electrónicas de alta complejidad.
Uno de los vehículos robados fue localizado en el municipio de Mairana, perteneciente a la provincia boliviana de Florida. La información fue obtenida por la División Asuntos Internacionales del Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA).
La investigación estuvo a cargo de la División Sustracción Automotores de la Policía de la Ciudad, con la colaboración de efectivos de la División Anillo Digital de la misma fuerza.
En la resolución mediante la cual hizo lugar al pedido de detenciones impulsado por el equipo del fiscal Campagnoli, el juez nacional en lo Criminal y Correccional Alfredo Godoy detalló que, una vez abiertas y encendidas las camionetas, los delincuentes se dirigían hacia distintos puntos del conurbano bonaerense para retirar la Unidad de Control de Motor (ECU) que habían colocado en reemplazo de la original. Esa unidad era utilizada para vulnerar el sistema de encendido de los vehículos y posteriormente era reutilizada para concretar el robo de otras Toyota Hilux o Toyota SW4.
El magistrado explicó que esta práctica es habitual entre organizaciones delictivas especializadas que operan con unidades electrónicas previamente programadas para múltiples objetivos. Asimismo, señaló que, para evitar ser descubiertos, los delincuentes dejaban los vehículos “enfriando” durante un tiempo en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires para comprobar si eran localizados mediante sistemas de rastreo.
Los investigadores lograron establecer cuál era el inmueble utilizado por la banda para almacenar las camionetas sustraídas. Se trataba de una propiedad ubicada en Tristán Suárez, partido de Ezeiza, donde los vehículos permanecían hasta ser comercializados en el mercado ilegal, según se consignó en el dictamen fiscal.
Si bien la causa se inició el 7 de mayo de 2025 a partir de la denuncia de una víctima a quien le robaron una Toyota Hilux estacionada sobre la calle Cuba al 3400, en Núñez, la pesquisa permitió determinar que los sospechosos ya habían cometido hechos similares desde febrero de ese mismo año.
Recuperaron tres vehículos
Durante uno de los procedimientos realizados en la vivienda de Tristán Suárez donde presuntamente eran ocultadas las camionetas robadas, los investigadores secuestraron tres vehículos 4×4 sustraídos en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. Además, encontraron un inhibidor de señal utilizado para vulnerar los sistemas de acceso de los vehículos elegidos como objetivo.
En el dictamen se recordó que, tal como quedó documentado en diversas publicaciones periodísticas y en investigaciones previas de la propia fiscalía, las camionetas de este tipo suelen ser especialmente buscadas por organizaciones criminales que desarrollan una cadena delictiva que abarca desde el robo hasta la reducción de los vehículos. En algunos casos, incluso, son trasladados fuera del país para facilitar su posterior comercialización.
Uno de los teléfonos celulares secuestrados a los sospechosos aportó información considerada relevante para la investigación. En el historial de navegación se encontraron 2.716 búsquedas vinculadas a la clonación y corte de llaves de automóviles. También se detectaron otros 43 accesos a una base de datos que permite obtener información de vehículos mediante la chapa patente, incluyendo marca, modelo y año de fabricación.
Según consta en el expediente, llamó la atención de los investigadores que la mayoría de los dominios consultados correspondieran a camionetas Toyota Hilux, varias de las cuales figuraban como robadas en los registros internos de la Policía de la Ciudad.
El análisis forense del teléfono también permitió recuperar conversaciones en las que quedaron registrados viajes realizados por los sospechosos hacia distintos puntos del país, entre ellos la ciudad de Resistencia, en Chaco. Los investigadores sospechan que esos desplazamientos estaban relacionados con la comercialización de las camionetas sustraídas.
Además, en uno de los chats incorporados a la causa, uno de los integrantes de la banda advirtió a otro que la Policía estaba siguiéndoles los pasos. “Anda la gorra por acá”, escribió. Sin embargo, la advertencia llegó demasiado tarde y finalmente los sospechosos fueron arrestados.
Días atrás, el juez Alfredo Godoy dictó el procesamiento con prisión preventiva de dos de los acusados y ordenó un embargo sobre sus bienes por un monto de 20 millones de pesos para cada uno.
Uno de ellos fue identificado como Daniel Sebastián G., de 34 años de edad, quien registra una condena previa de dos años de prisión en suspenso dictada por un juzgado correccional de Lomas de Zamora por el delito de encubrimiento, en una causa vinculada con hechos similares. Además, había recuperado la libertad en septiembre del año pasado.
En la resolución judicial, Godoy consideró a Daniel Sebastián G. coautor penalmente responsable de 17 hechos de hurto agravado por tratarse de vehículos dejados en la vía pública, tres hechos de robo agravado bajo la misma modalidad y jefe de una asociación ilícita, delitos que concurren de manera real entre sí.
Respecto de su presunto cómplice, Ángel D. S., el magistrado lo responsabilizó por los mismos 17 hurtos y tres robos agravados, además de atribuirle su participación como integrante de la asociación ilícita.
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Al fundamentar los procesamientos, el juez sostuvo que la investigación permitió advertir una clara identidad en el modus operandi, una organización con distribución funcional de tareas y una continuidad en el tiempo de las actividades ilícitas, elementos que permiten considerar acreditada, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa procesal, la existencia de una asociación ilícita.
Según concluyó el magistrado, las pruebas reunidas muestran que no se trató de intervenciones aisladas ni de acuerdos ocasionales, sino de una estructura estable con roles previamente definidos y coordinados, cuya actuación conjunta resultó indispensable para concretar los delitos investigados.
Con Información de LN.-
