Un juzgado de la Audiencia Nacional de España imputó al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental, en el marco de la investigación sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.
La causa, dirigida por el juez José Luis Calama, investiga una presunta red organizada y jerarquizada que habría utilizado contactos políticos, sociedades instrumentales, contratos de asesoría simulados y estructuras financieras internacionales para influir en organismos públicos y obtener beneficios económicos vinculados al rescate de 53 millones de euros otorgado a Plus Ultra por la SEPI.
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Según el auto judicial, la trama estaba estructurada en distintos niveles y contaba con la participación de intermediarios como Manuel F. G. y el empresario Julio M. M., además de la secretaria de Zapatero, María A. J., y Cristóbal C. Q., quienes presuntamente ejecutaban tareas operativas y coordinaban gestiones ante organismos públicos.
El magistrado sostiene que el entorno de Zapatero habría actuado como una red dedicada al ejercicio ilícito de influencias, en la que clientes pagaban grandes sumas de dinero a cambio de gestiones políticas y administrativas. Parte de esos fondos, según la investigación, habrían terminado en manos del expresidente y de la sociedad Whathefav SL, administrada por sus hijas.
El auto detalla múltiples transferencias vinculadas a sociedades del entorno de la trama. Entre ellas figuran 490.780 euros enviados a Rodríguez Zapatero desde Análisis Relevante, 239.755 euros a Whathefav SL, otros 352.980 euros remitidos desde Gate Center al expresidente y 171.727 euros adicionales a la sociedad vinculada a sus hijas. Asimismo, sociedades del grupo Thinking Heads habrían transferido 681.318 euros a Zapatero y otros 12.297 euros a Whathefav SL.
Además, la investigación señala un contrato clave mediante el cual la sociedad Idella Consulenza Strategica debía cobrar el 1% del rescate de Plus Ultra, equivalente a 530.000 euros.
El juez sostiene además que la red habría tenido acceso anticipado a información privilegiada sobre la aprobación del rescate. Según la resolución, en febrero de 2021 algunos de los investigados intercambiaron mensajes celebrando la concesión de la ayuda antes de que fuera aprobada oficialmente el 9 de marzo, lo que, según el magistrado, evidencia coordinación previa y capacidad de influencia sobre decisiones administrativas concretas.
Uno de los puntos centrales de la investigación es la existencia de una segunda línea de influencia vinculada a Venezuela. El auto afirma que la trama también habría intervenido ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) venezolano para garantizar autorizaciones de vuelo para Plus Ultra, aprovechando supuestos contactos e influencia sobre autoridades aeronáuticas del país.
La Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sospechan además que parte del dinero relacionado con el rescate podría haber sido utilizado para blanquear fondos presuntamente vinculados a corrupción venezolana.
La investigación sostiene que la estructura no se limitaba a España, sino que operaba internacionalmente mediante sociedades en terceros países. En ese contexto, el juez describe la creación de una sociedad offshore en Dubái, Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco, participada al 100% por Idella Consulenza Strategica.
Según el auto, esta estructura habría sido diseñada para canalizar fondos y dificultar su trazabilidad. La proximidad temporal entre su constitución y el contrato vinculado al rescate refuerza, según el magistrado, la hipótesis de que la sociedad fue creada para mover dinero fuera de España y evitar su rastreo.
Para el juez, el esquema investigado encaja en patrones típicos de blanqueo de capitales mediante sociedades instrumentales, jurisdicciones opacas y estructuras fiduciarias destinadas a ocultar la titularidad real de los fondos.
La resolución también señala que los gestores de Plus Ultra habrían utilizado dos vías paralelas para lograr el rescate público: una vinculada al entonces ministro José Luis Ábalos y otra canalizada a través del entorno de Rodríguez Zapatero. Según el magistrado, esta última terminó siendo la vía predominante para conseguir la aprobación de la ayuda.
El auto sostiene además que la estructura investigada estaba diseñada para ocultar activos, desplazar capitales fuera de España, utilizar sociedades intermedias y fragmentar flujos financieros. También menciona movimientos de fondos desde sociedades como Análisis Relevante, Inteligencia Prospectiva, Softgestor, Grupo Aldesa, Gate Center y Thinking Heads, cuyos recursos habrían terminado en el entorno del expresidente.
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La Audiencia Nacional autorizó el registro de la oficina de Rodríguez Zapatero y de tres empresas vinculadas a la investigación, aunque rechazó el allanamiento de su vivienda particular al considerar que la medida sería desproporcionada en esta etapa del proceso y que no existen indicios suficientes de que allí puedan hallarse pruebas relevantes..
Con Información de ElNacional y poderjudicial.es.-
