El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, aseguró que el país andino colaborará activamente con los Estados Unidos en las investigaciones que surjan a partir de las declaraciones del empresario colombiano Alex Saab, señalado como presunto testaferro de Nicolás Maduro.
«Estados Unidos sabe que vamos a colaborar en todas las indagaciones necesarias en Ecuador sobre quienes pudieron haber participado en esos hechos durante esas fechas», declaró Reimberg a la prensa.
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El funcionario señaló que espera que el testimonio de Saab ante la justicia estadounidense se traduzca en paquetes de inteligencia para países de la región como Ecuador, permitiendo avanzar en causas vinculadas a sus operaciones. Además, Reimberg sugirió que Saab no solo habría actuado para el gobierno venezolano, sino también para políticos de otras naciones, y recordó la estrecha relación que mantuvieron las administraciones de Nicolás Maduro y Rafael Correa.
Tras el traslado de Saab a territorio estadounidense, el ministro añadió que «muchos deben estar nerviosos» buscando «dónde esconderse«, y enfatizó que «nada de esto va a quedar en la impunidad».
Las ramificaciones del caso en Ecuador
Alex Saab, quien llegó a Miami tras ser procesado para su entrega a las autoridades estadounidenses, enfrenta cargos por presunto enriquecimiento ilícito mediante contratos gubernamentales y lavado de dinero.
El impacto de sus operaciones en Ecuador se canalizó a través de Foglocons, una empresa fundada en Guayaquil. Este vínculo fue expuesto en 2021 por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador, liderada en ese entonces por el legislador y posterior candidato presidencial Fernando Villavicencio (asesinado en 2023).
De acuerdo con dicho expediente, Foglocons obtuvo en 2011 un contrato con el gobierno venezolano para la construcción de viviendas populares. El material para las obras supuestamente se exportaba desde Ecuador, pero la investigación determinó que se trataba de operaciones comerciales falsas.
Uso del sistema SUCRE y la vía judicial
Estas transacciones ficticias se realizaron a través del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre), un mecanismo financiero impulsado por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). Este sistema facilitó la canalización de millonarios flujos de dinero entre las economías de Ecuador y Venezuela.
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Aunque la Fiscalía ecuatoriana inició una investigación penal en una primera etapa, el proceso judicial fue anulado en 2016. Posteriormente, en 2021, la fiscal general Diana Salazar denunció ante el Parlamento la «impunidad» que rodeó el caso y acusó formalmente a los magistrados de la causa de haber favorecido a los directivos de la empresa implicada.
Con Información de ElNacional.-
