El fuerte aumento del precio del gasoil —que se incrementó un 25% desde la segunda quincena de marzo— impacta directamente en las empresas de transporte público en un contexto marcado por la caída sostenida de la demanda y la reducción de subsidios. Como consecuencia, algunas líneas ya han reducido sus frecuencias hasta en un 20%, mientras el sistema transporta cada vez menos pasajeros con menos recursos.
El gasoil representa cerca del 20% de la estructura de costos de las empresas. Actualmente, el precio mayorista —pagado directamente a las petroleras— supera los 2.100 pesos por litro, mientras que en los cálculos oficiales de las autoridades de transporte nacionales, provinciales y de la ciudad se estima en 1.744 pesos.
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Esta diferencia, superior a 350 pesos por litro, no ha sido contemplada por ninguna de las jurisdicciones. Para dimensionar el impacto, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se recorren aproximadamente 85 millones de kilómetros al mes, con un consumo promedio de medio litro de gasoil por kilómetro, lo que representa un consumo mensual de 42,5 millones de litros. Un incremento del 25% en este insumo, sin ajustes tarifarios ni compensaciones adicionales, genera un importante desequilibrio financiero para el sector.
La situación se agrava por la caída del 12% en el uso del transporte público en el último año en el AMBA, lo que equivale a más de 1,1 millones de pasajeros diarios menos. Esta tendencia no es reciente: en comparación con hace diez años, el sistema transporta un tercio menos de usuarios.
En los últimos cuatro años, cerca de 3.000 unidades dejaron de operar en el AMBA, reduciendo el parque de 18.500 a 15.500 colectivos. Esta contracción responde, en gran medida, a la disminución de subsidios, que no ha sido compensada en igual proporción por aumentos tarifarios. Actualmente, los subsidios representan el 63% de los ingresos de las empresas, frente al 91% registrado en diciembre de 2023.
Entre las causas de la caída en la demanda se encuentran la falta de recuperación de sectores clave como la industria, la construcción y el comercio, así como el deterioro del servicio, con frecuencias más espaciadas que han llevado a muchos usuarios a optar por alternativas como motocicletas o incluso desplazamientos a pie.
A esto se suma el aumento de las tarifas por encima de la inflación durante el último año, mientras los salarios han quedado rezagados, lo que ha llevado a muchos usuarios a reducir el uso del transporte público, especialmente en trayectos cortos.
En cuanto a las tarifas, las distintas jurisdicciones del AMBA aplican criterios diferentes. La Ciudad de Buenos Aires realiza ajustes mensuales basados en la inflación nacional más dos puntos porcentuales, lo que sitúa la tarifa mínima en 715,24 pesos para las líneas que operan en su territorio.
Por su parte, la provincia de Buenos Aires utiliza el índice de inflación de la ciudad (IPCBA) más dos puntos, además de haber aplicado incrementos adicionales del 10% en diciembre y marzo, llevando la tarifa mínima a 871,30 pesos, la más elevada del área.
A nivel nacional, los ajustes han sido más irregulares, con períodos sin modificaciones seguidos de aumentos del 30% en febrero y del 10% en marzo, elevando la tarifa mínima de 495 a 700 pesos. En lo que va de 2025, el aumento acumulado alcanza el 30%, en línea con la inflación del período.
En este contexto, el alza del gasoil deja a las empresas en una situación aún más vulnerable, especialmente a las de menor tamaño, que enfrentan mayores dificultades para acceder a financiamiento. A diferencia de las grandes compañías, que pueden recurrir al crédito para afrontar la compra de combustible, las más pequeñas deben operar en condiciones más desfavorables.
Además, el precio mayorista del gasoil se ubica actualmente entre un 8% y un 10% por encima del precio minorista en estaciones de servicio, una relación que históricamente era inversa.
Los precios actuales reflejan un barril de petróleo estimado en 90 dólares, aunque el valor internacional de referencia ronda los 103 dólares. Esta diferencia responde a un acuerdo informal entre las petroleras para mantener los precios locales durante un período limitado, a la espera de una eventual baja en el mercado internacional.
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Las empresas refinadoras —entre ellas YPF, Shell, Axion y Puma Energy— se comprometieron a compensar esta diferencia cuando los precios internacionales desciendan, en un esquema basado en acuerdos no formalizados.
El impacto de esta situación ya se refleja en el servicio: algunas líneas han reducido sus frecuencias hasta en un 20%. Si no se recupera la demanda y el precio del gasoil se mantiene elevado, el sistema de transporte público podría continuar contrayéndose.
Con Información de LN.-
