La Cámara de Casación de la Ciudad de Buenos Aires absolvió a los responsables del hogar Apart Los Incas, quienes habían sido condenados en 2025. El caso fue uno de los más impactantes de los primeros meses de la pandemia.
Cinco años después del brote de coronavirus que afectó al geriátrico del barrio de Belgrano y dejó once adultos mayores fallecidos, la causa judicial dio un giro. La Cámara de Casación de la Ciudad revocó las condenas que habían recibido tres autoridades del hogar Apart Los Incas y los absolvió.
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La decisión dejó sin efecto la sentencia que en junio de 2025 había dictado el Tribunal Oral Nº 12 de la Ciudad de Buenos Aires contra los apoderados del establecimiento, Hugo Eduardo Visca y Luis Daniel Megyes, y contra la médica responsable del lugar, Carla Lorena Raffo.
En ese juicio habían sido condenados a dos años de prisión en suspenso y cuatro años de inhabilitación por su responsabilidad en la gestión del brote de Covid-19 que se produjo dentro del geriátrico durante los primeros meses de la pandemia.
El argumento del tribunal
Al revisar el caso, los jueces de la Cámara concluyeron que no pudo demostrarse que la actuación de los acusados haya provocado las muertes. Según el fallo, no existen certezas sobre cómo ingresó el virus al establecimiento ni tampoco sobre si una conducta diferente por parte de los responsables habría evitado los contagios y los fallecimientos.
Con esa interpretación, el tribunal resolvió absolver a los imputados y dejar sin efecto las restricciones que pesaban sobre ellos.
El brote en el geriátrico Apart Los Incas ocurrió en abril de 2020, cuando el coronavirus recién comenzaba a expandirse en Argentina.
El establecimiento está ubicado en la esquina de la avenida de los Incas y Zapiola, en el barrio de Belgrano. El caso tuvo amplia repercusión pública cuando el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) desplegó un operativo para trasladar a los residentes tras detectarse contagios masivos dentro del hogar.
Las imágenes de ambulancias y personal sanitario retirando a los adultos mayores del lugar circularon ampliamente en los medios durante el período de aislamiento obligatorio.
Según la investigación judicial, 28 de los 33 residentes se contagiaron de Covid-19 y once de ellos fallecieron.
Las irregularidades investigadas
Durante el proceso judicial se analizaron distintas situaciones vinculadas con el funcionamiento del establecimiento en ese momento.
Entre los puntos debatidos en el juicio se mencionaron problemas en la organización del aislamiento dentro del hogar, demoras en la implementación de protocolos sanitarios y dificultades en la gestión del personal en medio de la emergencia sanitaria.
La acusación sostuvo que esas fallas contribuyeron a agravar el brote en una población particularmente vulnerable.
Las defensas, en cambio, argumentaron que el episodio ocurrió en un contexto de gran incertidumbre durante los primeros meses de la pandemia, cuando todavía se estaba construyendo el conocimiento sobre el virus y las medidas de prevención.
Un golpe para las familias
El reciente fallo de la Cámara de Casación porteña, que revocó las condenas dictadas en 2025, fue un duro revés para los familiares de las víctimas, quienes durante años impulsaron la causa en busca de responsabilidades por lo ocurrido. La decisión judicial, que descartó la posibilidad de establecer un nexo causal directo entre la actuación de los imputados y las muertes, deja sin efecto las penas y reaviva la sensación de falta de respuesta entre quienes denunciaron irregularidades en la gestión de la crisis sanitaria dentro del establecimiento.
Familiares vinculados con la querella manifestaron su descontento con la resolución judicial, que deja sin responsables las once muertes. Durante el juicio habían denunciado irregularidades y la ausencia de los propietarios y de las autoridades médicas durante el brote de Covid-19, además de señalar diversas fallas en el funcionamiento del establecimiento.
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La absolución redefine el cierre judicial del expediente y vuelve a poner en debate el alcance de la responsabilidad penal en contextos excepcionales, así como el reclamo de los familiares por mayores controles y garantías en el cuidado de adultos mayores en instituciones.
Ahora queda abierta la posibilidad de presentar una apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, aunque no existen plazos definidos para que el caso pueda volver a ser revisado.
Con Información de Clarin.-
