El Gobierno de Javier Milei promulgó este lunes el nuevo Régimen Penal Juvenil, que, entre otros cambios, reduce la edad de imputabilidad a 14 años de edad.
La Ley 27.801, sancionada por el Senado en febrero, fue publicada en el Boletín Oficial y, según establece el texto, entrará en vigencia dentro de 180 días.
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“El objeto de la presente ley es establecer el régimen penal aplicable a las personas adolescentes desde los catorce (14) años hasta las cero (0) horas del día en que cumplan dieciocho (18) años, cuando sean imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro”, señala la normativa.
El Poder Ejecutivo sostiene que el objetivo de la nueva ley es fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y promover su educación, resocialización e integración en la sociedad.
“El objetivo de la ley es procurar que el adolescente supere el riesgo social y la conflictividad evidenciada en la comisión del delito, mediante las medidas establecidas en la presente norma”, indica la publicación oficial.
La ley cuenta con las firmas de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Victoria Villarruel y Martín Menem.
La normativa también contempla programas educativos, laborales y recreativos orientados a garantizar la reintegración social de los jóvenes.
Asimismo, establece que en los casos de delitos con penas de hasta tres años de prisión, y de tres a diez años (siempre que no incluyan muerte o lesiones graves), podrán aplicarse medidas alternativas como prisión domiciliaria, trabajos comunitarios, prohibición de conducir vehículos o reparaciones económicas.
En cuanto a los delitos graves —como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros— la pena máxima de prisión se fija en 15 años, en lugar de los 20 años previstos anteriormente.
La ley también prevé la creación de institutos especializados para alojar a los menores. El personal deberá contar con formación específica en infancia y adolescencia, y se establece de manera expresa la prohibición de convivencia entre menores y detenidos adultos.
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Finalmente, la normativa invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adecuar su legislación procesal penal y sus normas administrativas para su aplicación. Además, asigna 23.000 millones de pesos para la implementación del régimen durante su primer año.
Con Información de Clarin.-
