Más de 120 organizaciones de la sociedad civil venezolana, dentro y fuera del país, denunciaron este jueves que la recién aprobada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática presenta graves deficiencias que comprometen su efectividad como instrumento de reconciliación nacional. En un comunicado conjunto, las ONG advirtieron que la norma excluye a un número significativo de presos políticos, carece de mecanismos de verdad y reparación, y no garantiza la no repetición de violaciones de derechos humanos.
Las organizaciones señalaron que, pese a que la ley se define como una amnistía “general y plena”, su alcance está limitado a episodios específicos y deja por fuera a al menos 181 militares presos políticos, además de decenas de civiles vinculados a esos procesos. “El texto excluye un número significativo de casos de personas privadas de libertad por razones políticas, particularmente militares”, indica el comunicado, citando que existen aproximadamente 800 casos documentados de presos políticos en total.
Las ONG alertaron que la ley no incorpora elementos esenciales de justicia transicional. El documento subraya que el instrumento no reconoce el derecho individual y colectivo a la verdad, no crea instancias para esclarecer los hechos ni exige reconocimiento de responsabilidad para acceder a los beneficios. “Un instrumento que prescinda de estos elementos representa un riesgo de perpetuar ciclos de impunidad”, advierten.
Asimismo, cuestionan que la ley no establece un sistema integral de reparación para las víctimas, ni contempla medidas de restitución, indemnización, rehabilitación o memoria histórica. También señalan que el artículo 9, que excluye de la amnistía violaciones graves a los derechos humanos, deja la evaluación de esos casos en manos de instituciones cuya independencia “ha sido ampliamente cuestionada”.
Preocupación por el retorno de exiliados y las inhabilitaciones políticas
El comunicado también critica que la ley no garantiza condiciones seguras para el retorno de personas exiliadas. Aunque el artículo 7 permite representación legal para quienes están fuera del país, exige su comparecencia personal posterior ante tribunales sin asegurar que no serán detenidos. “La incertidumbre normativa puede desalentar el regreso de muchas personas”, advierten.
Las organizaciones también señalan la ausencia de medidas para anular las inhabilitaciones políticas, lo que consideran una omisión grave que impide la reintegración plena a la vida pública.
Las ONG cuestionaron la creación de una Comisión Especial de seguimiento, prevista en el artículo 15, por ser de carácter político-administrativo y no contar con autonomía técnica ni supervisión internacional. Aseguran que, sin un mandato claro para investigar, esclarecer la verdad o formular políticas de reparación, la comisión corre el riesgo de convertirse en un órgano de discrecionalidad política.
Las organizaciones instaron a las autoridades a adoptar reformas complementarias que incluyan la creación de una Comisión de la Verdad independiente; la anulación de inhabilitaciones políticas; un sistema integral de reparación para las víctimas; y reformas institucionales que garanticen la independencia judicial y el cese de la criminalización de la disidencia.
Finalmente, las ONG exigieron el cese inmediato de la persecución política y la liberación de todas las personas detenidas injustamente. “La verdadera convivencia democrática no se construye con un perdón otorgado por el victimario sin reconocimiento de la falta, sino mediante un proceso integral en el que el Estado rinda cuentas y las víctimas sean resarcidas”, concluye el comunicado.
