La tarde del miércoles 11 de febrero estuvo marcada por graves incidentes en las inmediaciones del Congreso de la Nación Argentina, mientras el Senado debatía el proyecto de reforma laboral. Los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad derivaron en destrozos cuyo costo asciende a 270 millones de pesos, según informó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
De acuerdo con un comunicado oficial del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, los daños fueron ocasionados durante la marcha realizada en rechazo a la iniciativa oficial y obligaron a desplegar un operativo especial de limpieza y reparación en la zona del Palacio Legislativo.
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Durante la protesta, encabezada por la CGT y organizaciones de izquierda que acompañaban el reclamo de jubilados, se registraron enfrentamientos luego de que manifestantes derribaran vallados dispuestos por las fuerzas de seguridad. La Policía Federal y la Gendarmería avanzaron con camiones hidrantes e infantería para dispersar la movilización.
El saldo provisorio incluyó al menos diez efectivos heridos, más de 40 manifestantes detenidos y múltiples denuncias viralizadas en redes sociales por agresiones a periodistas y civiles presentes en el lugar. Hacia las 17, las fuerzas de seguridad lograron despejar la Plaza de los Dos Congresos, la Avenida de Mayo y las calles adyacentes, en medio del uso de gases lacrimógenos.
Según detalló el Gobierno porteño, se retiraron y repusieron 140 contenedores de basura en un radio de 60 cuadras alrededor del Congreso y se puso en marcha un operativo de limpieza posterior a la protesta. Además, se registraron roturas de baldosas, grafitis en veredas y cruces peatonales, lo que obligará a realizar tareas de reparación y nueva demarcación vial.
La Plaza de los Congresos fue una de las zonas más afectadas: se reportaron daños en 500 metros cuadrados de césped, plantas del cantero central, cestos de basura y otros elementos de mobiliario urbano.
El operativo de limpieza, coordinado por el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, incluyó un esquema preventivo y posterior que contó con 120 barrenderos, siete hidrolavadoras, siete camiones recolectores, 15 supervisores y ocho brigadas de acción inmediata, con el objetivo de normalizar la zona en el menor tiempo posible.
Tras los incidentes, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se refirió a los destrozos y endureció su postura:
“El desastre que hicieron estos delincuentes no puede ser una contravención. Destruir bienes públicos tiene que ser un delito. No alcanza con multas, tienen que ir presos”.
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Los disturbios se produjeron en paralelo al debate de la reforma laboral, un proyecto rechazado por el peronismo, la CGT y las dos CTA, aunque el oficialismo introdujo concesiones para asegurar apoyos clave. Entre ellas, se eliminó el artículo que preveía una rebaja del Impuesto a las Ganancias para grandes y medianas empresas —con fuerte impacto en las provincias— y se mantuvo la denominada “caja sindical”, junto con el aporte solidario a los gremios por dos años, con un tope del 2%.
Con Información de mdzol.com, cadena3.com y lanueva.com.-
