La reforma laboral prevista para Argentina en 2026 no se limitará únicamente a los nuevos contratos. Según confirmó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, las nuevas reglas se aplicarán a todas las contingencias futuras de las relaciones laborales vigentes, como despidos, enfermedades laborales, renegociaciones contractuales o litigios judiciales.
Esto implica que, aunque la relación laboral se haya iniciado bajo el marco legal anterior, los derechos y obligaciones se regirán por la nueva normativa cuando ocurra un hecho relevante. En la práctica, los trabajadores que hoy tienen empleo en Argentina también quedarán alcanzados por los cambios centrales del proyecto.
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Reforma laboral en Argentina: qué cambia en la indemnización por despido
Uno de los ejes principales de la reforma es la modificación del cálculo de la indemnización por despido sin causa. Actualmente, el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que el trabajador tiene derecho a un mes de salario por cada año de servicio, o fracción mayor de tres meses.
La base de cálculo es la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante el último año, sin incluir aguinaldo, vacaciones ni otros pagos no mensuales, salvo disposición en contrario del convenio colectivo. A este monto se suman conceptos como preaviso, integración del mes de despido, vacaciones proporcionales y aguinaldo proporcional.
El nuevo esquema propone que la base indemnizatoria se calcule únicamente sobre la mejor remuneración mensual, normal y habitual de los últimos seis meses. Quedarán excluidos conceptos no mensuales como el Sueldo Anual Complementario, las vacaciones y los premios extraordinarios. Como consecuencia, el monto final tenderá a ser menor, especialmente en los casos donde el salario incluya bonos, adicionales variables o pagos estacionales.
Además, el proyecto elimina la posibilidad de reclamar indemnizaciones complementarias por daños y perjuicios. La compensación prevista en el artículo 245 pasará a ser la única reparación económica posible, con el objetivo de reducir la litigiosidad y otorgar mayor previsibilidad a los empleadores.
Topes indemnizatorios y fondos de cese laboral
La iniciativa también incorpora topes máximos a la indemnización, que no podrá superar el equivalente a tres veces el salario promedio del convenio colectivo aplicable, aunque se garantiza un piso mínimo de un salario mensual completo.
En paralelo, se habilita a los empleadores a crear fondos de cese laboral, un mecanismo destinado a financiar futuras indemnizaciones y a reducir el impacto económico de los despidos. Este esquema acerca el sistema argentino a modelos utilizados en otros países y en sectores específicos de la economía.
Otro cambio relevante afecta los casos de reingreso del trabajador a una misma empresa. La reforma elimina la aplicación de la tasa de interés pura del 3 % anual que se sumaba a la actualización por inflación para deducir indemnizaciones ya percibidas. Si el proyecto se aprueba, esas sumas solo se ajustarán por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Impacto en los juicios laborales en curso
La reforma también tendrá efectos sobre los procesos judiciales en trámite. Los créditos laborales pendientes se actualizarán con intereses moratorios calculados según la tasa del Banco Central, con un tope que no podrá superar el capital ajustado por inflación más un 3 % anual.
Asimismo, se reducen los plazos de caducidad de instancia: seis meses en primera instancia y tres meses en segunda instancia o en juicios sumarísimos. El objetivo oficial es acelerar los procesos judiciales, aunque especialistas advierten que estas modificaciones podrían dificultar la continuidad de reclamos por parte de trabajadores con menores recursos.
Derogación de estatutos especiales
Un punto de alto impacto es la derogación total de determinados estatutos laborales especiales. Los trabajadores alcanzados por esos regímenes pasarán a regirse exclusivamente por la Ley de Contrato de Trabajo general.
Esta transición podría implicar la pérdida de beneficios históricos para algunos sectores y la eliminación de normas protectoras en el ámbito judicial. Entre ellas, se deroga el artículo 275 de la LCT, que sancionaba conductas maliciosas del empleador con la aplicación de intereses agravados.
Cambios en el salario y los ingresos
Si bien la reforma laboral no establece una reducción directa de salarios, introduce cambios que pueden afectar los ingresos reales y futuros de los trabajadores. Al excluir del cálculo indemnizatorio conceptos como bonos, premios o adicionales variables, estos componentes pierden peso como protección ante un eventual despido.
El nuevo esquema también podría incentivar a las empresas a modificar la composición salarial, priorizando sumas no remunerativas o variables, que no impactan ni en aportes previsionales ni en indemnizaciones. En este contexto, el salario mensual fijo adquiere mayor relevancia como principal respaldo ante una desvinculación.
El proyecto incorpora además el concepto de “salario dinámico”, un sistema de remuneración flexible vinculado a la productividad, el desempeño individual o los resultados de la empresa, en lugar de estar atado exclusivamente a aumentos automáticos por inflación o a negociaciones colectivas uniformes.
La iniciativa busca reformular los convenios colectivos, adaptándolos a la realidad de cada empresa y región, y establecer esquemas salariales que premien el rendimiento. En ese marco, se propone que los convenios fijen exigencias mínimas basadas en “la empresa más desfavorecida de la zona más desfavorecida del país”, lo que podría reducir los pisos salariales convencionales.
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Desde el Gobierno sostienen que este nuevo sistema apunta a disminuir los costos laborales y a fomentar el empleo formal en Argentina, bajo la premisa de que el salario no debe estar necesariamente vinculado a la inflación, sino al desempeño del trabajador.
Con Información de iprofesional.com.-
