Un juez federal de Estados Unidos dictaminó este lunes 22 de diciembre que el gobierno del presidente Donald Trump negó el debido proceso a cerca de 200 ciudadanos venezolanos deportados a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, y ordenó que se les garantice el derecho a una audiencia judicial.
El juez James Boasberg otorgó plazo hasta el 5 de enero para que el Ejecutivo presente un plan que permita el regreso de los migrantes a territorio estadounidense o, en su defecto, que se les conceda la posibilidad de defender su caso ante un juez.
Además, el magistrado certificó una demanda colectiva, lo que habilita a todos los migrantes enviados en marzo pasado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en El Salvador, a impugnar su designación como “enemigos extranjeros” por parte del gobierno de Estados Unidos.
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La administración Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 —una norma utilizada históricamente en contextos de guerra— para justificar la deportación de los venezolanos, a quienes acusó, sin presentar pruebas, de integrar el Tren de Aragua, una organización criminal transnacional catalogada como terrorista.
“Este Tribunal determina que los demandantes no debieron haber sido expulsados de la manera en que lo fueron, prácticamente sin previo aviso y sin oportunidad de impugnar los fundamentos de su expulsión, en clara violación de sus derechos al debido proceso”, sostuvo Boasberg en su fallo, que representa un nuevo revés judicial para el gobierno de Trump.
La demanda fue presentada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y Democracy Forward, organizaciones que argumentaron que las deportaciones fueron ilegales y que El Salvador encarceló a los venezolanos a cambio de un pago del gobierno estadounidense.
En su resolución, el juez advirtió que “no se puede permitir que una expulsión acelerada anule el derecho al hábeas corpus”, y alertó que, de aceptarse ese criterio, el gobierno podría “secuestrar a cualquier persona en la calle, entregarla a un país extranjero y eliminar toda posibilidad de recurso legal”.
El caso, vinculado a la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, puso bajo fuerte escrutinio a la administración Trump por presuntas violaciones al debido proceso, un derecho protegido por la Constitución estadounidense.
Tras meses de reclamos por parte de familiares y organizaciones de derechos humanos, los venezolanos fueron finalmente enviados de regreso a su país en julio pasado, en el marco de un intercambio de rehenes entre Estados Unidos y el gobierno de Nicolás Maduro.
Investigan posible violación de una orden judicial
Boasberg también investiga si funcionarios del gobierno de Trump desobedecieron una orden judicial previa que prohibía los vuelos de deportación hacia El Salvador.
En noviembre, el magistrado anticipó que llamaría a declarar al menos a dos personas vinculadas al caso: Erez Reuveni, un exinformante del Departamento de Justicia (DOJ) que fue despedido, y Drew Ensign, un abogado del mismo organismo, a quien Reuveni acusó de haber engañado al tribunal sobre los vuelos de migrantes, según información citada por The Washington Post.
En una resolución anterior de más de 40 páginas, Boasberg sostuvo que el Ejecutivo actuó con “completo menosprecio” hacia una orden judicial que exigía frenar el traslado de los migrantes al país centroamericano.
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“La Constitución no tolera la desobediencia intencional de las órdenes judiciales, especialmente por parte de funcionarios que han jurado respetarla”, escribió el juez.
Por el envío de inmigrantes a El Salvador, la Casa Blanca también enfrenta otro frente judicial en el caso del salvadoreño Kilmar Ábrego García, quien fue deportado junto a los venezolanos y posteriormente retornado a Estados Unidos por orden de un juez.
Con Información de ElDiario.-
