En un contexto global caracterizado por tensiones geopolíticas, crimen organizado transnacional y nuevas amenazas tecnológicas, los organismos de seguridad del Estado enfrentan una presión creciente por mejorar su capacidad operativa sin comprometer los principios éticos que sustentan a una democracia. Hoy, más que nunca, la discusión sobre ética profesional y medidas de alto impacto se vuelve crucial para garantizar que la protección ciudadana no se convierta en un terreno fértil para abusos de poder.
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La ética como pilar operacional.
La actuación de policías, fuerzas armadas y agencias de inteligencia debe regirse por estándares éticos claros que aseguren el respeto a los derechos humanos, la proporcionalidad en el uso de la fuerza y la transparencia institucional.
En palabras del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, art. 6, 9 y 14), los Estados deben garantizar que toda intervención estatal preserve la vida, la libertad y la integridad personal. Este tratado, ratificado por la mayoría de los países latinoamericanos, establece parámetros que obligan a los organismos de seguridad a operar con estricta sujeción a la ley.
A ello se suma la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 3 y 5), que prohíbe todo trato cruel, inhumano o degradante, y exige que las instituciones estatales aseguren la protección sin violación de garantías fundamentales.
Medidas de seguridad de alto impacto: necesarias, pero bajo control democrático.
El avance del crimen organizado, el terrorismo y la ciberdelincuencia ha obligado a los Estados a implementar medidas más sofisticadas y de gran alcance:
Sistemas de vigilancia inteligente con supervisión civil.
Su uso debe estar regulado por legislación clara que evite la vigilancia masiva sin orden judicial.
Protocolos reforzados de uso proporcional de la fuerza.
Incluyen cámaras corporales obligatorias, auditorías externas y mecanismos de trazabilidad en cada intervención.
Unidades de investigación autónomas para casos de abuso.
Modelos como los civilian review boards( concejos ciudadanos de supervicion policíal) buscan romper con la autoinvestigación que históricamente ha debilitado la confianza pública.
Capacitación obligatoria en derechos humanos y ética profesional.
Conforme a los principios establecidos por la Convención contra la Tortura (art. 10), los Estados deben capacitar continuamente a su personal de seguridad sobre límites legales y obligaciones morales.
Transparencia en inteligencia y contrainteligencia.
Sin exponer operaciones sensibles, se deben publicar reportes anuales que informen decisiones estratégicas, criterios de supervisión y marcos legales utilizados.
La seguridad al servicio de la democracia
La democracia se fortalece cuando las instituciones de seguridad actúan como garantes, no como protagonistas del poder. Su rol es proteger el orden constitucional y los derechos de las personas, no desplazar o presionar a las autoridades civiles. Por eso, los tratados internacionales han insistido en que la subordinación al poder civil es un requisito indispensable para la legitimidad democrática.
La Carta Democrática Interamericana (art. 4) señala que “la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad y la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública son componentes fundamentales del ejercicio democrático del poder”. En ese marco, las fuerzas de seguridad están obligadas a operar sin injerencias políticas y bajo los principios de legalidad y neutralidad.
Retos actuales: confianza pública y rendición de cuentas.
Los escándalos por uso excesivo de la fuerza, corrupción interna o espionaje político siguen siendo algunos de los problemas que debilitan la credibilidad social.
Expertos coinciden en que la clave para revertir esta tendencia es reforzar:
Sistemas de denuncia accesibles y protegidos para ciudadanos y funcionarios;
fiscalizaciones externas con participación multil sectorial.
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Procesos disciplinarios rápidos, imparciales y con sanciones efectivas.
Recordemos que los organismos de seguridad del Estado tienen la misión más delicada de toda estructura pública: proteger sin vulnerar. En una democracia, la fuerza es legítima solo cuando está guiada por la ética, el derecho internacional y la supervisión ciudadana.
La modernización de las medidas de seguridad debe ir acompañada de una modernización moral. Ese es el camino para garantizar que la autoridad no se convierta en arbitrariedad, y que la seguridad sea realmente un derecho, no un privilegio.
Abogado Braulio Seijas.-
