La Justicia de Misiones emitió un fallo que podría marcar un precedente en el debate sobre las plataformas de transporte. La jueza Correccional de Eldorado, Marisa Aquino, determinó que Uber no constituye un servicio público como taxis o remises, sino una actividad privada regida por el Derecho Civil y Comercial. Con ese criterio, dejó sin efecto las sanciones aplicadas por el Tribunal de Faltas de Puerto Iguazú contra un conductor de Eldorado, Julio César Ayala, acusado de trasladar pasajeros sin habilitación municipal.
ÚNETE A NUESTRO GRUPO DE WHATSAPP PARA ESTAR INFORMADO
El conflicto se originó el 3 de abril de 2024, cuando inspectores de tránsito labraron un acta contra Ayala en el aeropuerto de Iguazú. El municipio consideró que realizaba un servicio de remís sin permiso y retuvo su vehículo. La defensa sostuvo que la acusación partía de un error: Ayala no prestaba un servicio público, sino un traslado pactado entre particulares mediante una plataforma digital.
La jueza Aquino coincidió con esa postura y señaló que Puerto Iguazú no cuenta con una normativa clara y específica para regular aplicaciones como Uber. Por lo tanto, el municipio no puede sancionar una actividad lícita sin cumplir los principios de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad y derecho de defensa. Según el fallo, ninguno de esos criterios se respetó al imponer la multa.
La resolución destaca que las plataformas funcionan mediante un contrato privado entre conductor y usuario, lo que las diferencia del sistema tradicional de taxis y remises, sujeto a regulación municipal. También remarca que no existe en Puerto Iguazú una ordenanza que prohíba estos servicios, lo que vuelve inaplicable la normativa usada para sancionar al conductor. En consecuencia, se dispuso su sobreseimiento total y la anulación de todas las sanciones.
La jueza también cuestionó la actuación municipal en el aeropuerto, señalando que los controles intensivos no habilitan sanciones sin sustento jurídico.
ÚNETE A NUESTRO CANAL DE TELEGRAM PARA ESTAR INFORMADO
Más allá del caso individual, el fallo plantea la necesidad de que los municipios elaboren marcos regulatorios específicos para las plataformas digitales si pretenden ordenar su funcionamiento. La decisión se suma a una tendencia nacional que reconoce nuevas formas de trabajo y transporte impulsadas por la tecnología.
Con Información de infogremiales.com.ar.-
