La doctora Marggie Orozco, de 65 años de edad, fue condenada a 30 años de prisión por el Tribunal 4° de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Táchira (Venezuela). La sentencia llegó tras ser acusada por enviar un audio por WhatsApp en el que opinaba sobre la situación del país, hecho que fue denunciado por una vocera de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), según relataron familiares y activistas.
La organización no gubernamental Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve) informó que la condena fue dictada el 14 de noviembre. La Fiscalía imputó a Orozco por los delitos de traición a la patria, incitación al odio y conspiración, en un proceso marcado —según la ONG— por graves vulneraciones a su libertad de expresión.
El exgobernador del Táchira, César Pérez Vivas, también confirmó la sentencia y la calificó como “un acto perverso contra una persona con graves problemas de salud”.
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La Dra. Marggie Orozco (65 años) fué condenada a 30 años de prisión. Denunciada por una jefa del CLAP de su comunidad en San Juan de Colón por un simple audio de WhatsApp sobre las elecciones del 28 de julio.
— César Pérez Vivas (@CesarPerezVivas) November 16, 2025
La sentencia, dictada por la juez Luz Dary Moreno, es un acto perverso… pic.twitter.com/TttP0YCA5K
Detención y complicaciones médicas
Orozco fue detenida en San Juan de Colón, municipio Ayacucho, la noche del 5 de agosto de 2024, luego de que una jefa de los CLAP la denunciara por enviar un audio de WhatsApp en el que instaba a sus vecinos a votar en las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Durante su reclusión sufrió un infarto el 15 de septiembre de 2024 dentro de la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), por lo que fue trasladada al Hospital Central de San Cristóbal. A pesar de la gravedad, al día siguiente fue regresada a la PNB y posteriormente trasladada al anexo femenino del Centro Penitenciario de Occidente (CPO) en Santa Ana del Táchira, el 6 de diciembre.
Su esposo, Luis Molina, detalló que la médica ya padecía problemas coronarios y depresión desde 2013: “A veces está bien, pero no es constante. El encierro la empeora. Este es su segundo infarto”.
La depresión de Orozco se ha agravado por la pérdida de dos hijos: uno murió en un intento de robo y otro en un accidente. Pese a los reiterados pedidos de familiares y amigos para su liberación, las solicitudes no han sido atendidas.
La denuncia como herramienta de control social
Orozco no es un caso aislado. Decenas de venezolanos han sido detenidos por motivos políticos, muchos de ellos tras difundir contenido en redes sociales. Entre los casos recientes destacan los de Génesis Gabriela Pabón Paredes y Rocío Del Mar Rodríguez Guillén, emprendedoras contactadas por un supuesto cliente a través de WhatsApp para estampar camisetas con la imagen de la caída de una estatua de Chávez. El “cliente” resultó ser un funcionario policial. Ambas fueron condenadas a 10 años de prisión por incitación al odio.
Según una investigación de Infobae, se trató de un “falso positivo” orientado a generar méritos para ascensos dentro de cuerpos de seguridad.
Aunque las redes sociales no presentan fallas de seguridad que permitan vulnerar directamente comunicaciones cifradas —como las de WhatsApp—, en Venezuela la vigilancia opera por otras vías: denuncias ciudadanas promovidas por el Estado, infiltración, monitoreo selectivo y presión sobre usuarios.
Un trabajo de La Hora de Venezuela advierte que ningún gobierno puede acceder de forma directa al contenido cifrado, pero esto no impide la existencia de un sistema de vigilancia profundo y muchas veces ilegal. Organismos como IPYS Venezuela, VeSinFiltro y Freedom House han documentado interceptaciones masivas de llamadas, aplicaciones oficiales que recolectan datos sin consentimiento, monitoreo de redes sociales y acceso forzado a dispositivos.
Este ecosistema, señalan, alimenta un clima de intimidación, miedo y autocensura que vulnera la libertad digital en el país.
VenApp: de “red social venezolana” a instrumento de vigilancia
Entre las herramientas mencionadas destaca VenApp, una aplicación impulsada por el gobierno bajo la apariencia de una “red social venezolana”. Aunque inicialmente fue presentada como una plataforma para reportar fallas en servicios públicos, su uso se amplió después de las elecciones del 28 de julio de 2024, cuando comenzó a centralizar denuncias sobre protestas y supuestas “guarimbas fascistas”.
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Hoy, bajo control estatal, VenApp funciona como un mecanismo de monitoreo ciudadano, recolectando datos personales y geolocalización, y contribuyendo al aparato de vigilancia y control social.
Con Información de elpitazo.net.-
