Los estudiantes Noel Cisneros, Katiuska Castillo, Ingrid Briceño y Marcela Hernández fueron liberados este lunes, luego de haber permanecido detenidos de forma “arbitraria” desde el pasado viernes, período durante el cual se desconoció su paradero, informó a EFE el coordinador general de la ONG Provea, Óscar Murillo, quien advirtió que el caso “sienta un grave precedente” en Venezuela.
De acuerdo con organizaciones y familiares, el grupo fue aprehendido por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) alrededor de las 15:45 (hora local) del viernes, cerca del Centro Penitenciario de Tocorón, en el estado Aragua.
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Murillo explicó que los jóvenes se encontraban realizando grabaciones con fines académicos frente al penal, cuando fueron interceptados por los funcionarios.
“Este caso marca un precedente preocupante para todos los estudiantes y productores audiovisuales que trabajan, muchas veces con grandes limitaciones, para contar historias y retratar la realidad del país”, señaló el activista.
Agregó que la detención evidencia un patrón de persecución estatal destinado a silenciar voces críticas, académicas y artísticas, lo que a su juicio restringe el libre pensamiento y el flujo de ideas.
Murillo también destacó que Marcela Hernández forma parte de una organización civil dedicada a promover la producción audiovisual liderada por mujeres.
En la red social X, el abogado Marino Alvarado, coordinador de Exigibilidad Legal de Provea, subrayó “el valor de la denuncia y de no callar ante la arbitrariedad”. Por su parte, el Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales celebró que “la presión nacional e internacional logró que Noel, Ingrid, Katiuska y Marcela regresaran con sus familiares y amigos”.
Tras la detención, artistas, académicos, organizaciones de derechos humanos y de teatro se pronunciaron en rechazo al hecho, exigiendo a las autoridades información clara y precisa sobre la situación y el paradero de los estudiantes.
Asimismo, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) condenó “enérgicamente la detención arbitraria” y pidió una investigación independiente, exhaustiva e imparcial para determinar las responsabilidades materiales e intelectuales del caso.
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Por último, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) advirtió este lunes sobre el aumento de detenciones en Venezuela sin información pública suficiente, lo que genera —según la organización— un “escenario de inseguridad jurídica y angustia prolongada” debido a la opacidad en los procedimientos y la negación del acceso a la defensa legal.
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Con Información de elnacional.com.-
