En Mendoza, la propuesta de sancionar a las familias de estudiantes que generan conflictos o ponen en riesgo a la comunidad escolar venía analizándose desde hace meses. El caso de una estudiante del municipio de La Paz, que llevó al colegio el arma de su padre policía, terminó de definir la modificación legislativa para responsabilizar y multar a los padres en casos de acoso escolar.
La joven habría sido víctima de bullying por parte de un compañero, aunque no existían registros oficiales en las actas de la escuela. Mientras empuñaba el arma reglamentaria de su padre, la estudiante también exigía ver a una profesora de matemáticas.
Ante estos hechos, el Ministerio de Educación de Mendoza envió a la Legislatura un proyecto para modificar el Código de Contravenciones. “Pretendemos que los padres, madres y tutores sean también responsables por los actos de bullying cometidos por sus hijos”, explicó el ministro Tadeo García Zalazar.
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Las sanciones previstas incluyen trabajos comunitarios en primera instancia y multas económicas en casos de reincidencia, que podrían alcanzar los $2.100.000. “Mendoza busca educar a los agresores y comprometer a las familias”, destacó el ministro, aclarando que la norma contempla un enfoque integral contra el acoso escolar, combinando sanciones con medidas educativas y protocolos de intervención.
La sanción será determinada por un juez y los montos —entre 500 y 5.000 unidades financieras, equivalentes a $21.000 y $2.100.000— variarán según la gravedad del caso y la reincidencia. “Hemos trabajado el protocolo de acción en base a casos ocurridos en Mendoza y experiencias a nivel mundial”, agregó García Zalazar.
Según el proyecto, los fondos recaudados se destinarán a la prevención del bullying y al fortalecimiento de bibliotecas escolares en la provincia.
Críticas de especialistas
La iniciativa del gobierno mendocino recibió cuestionamientos de expertos en educación, como Alejandro Castro Santander, especialista en Gestión de la Convivencia Social y Escolar. “No debería castigarse a los padres, sino convertirlos en aliados activos para solucionar el problema y modificar la conducta del hijo”, señaló.
Castro Santander advirtió que, si la medida es solo punitiva, “puede ampliar el conflicto, ya que lo efectivo en casos de acoso escolar son las acciones preventivas y colaborativas”.
Desde el Ministerio de Educación, en cambio, sostienen que la prevención por sí sola no basta. “El bullying no es un juego ni una broma pesada. Es violencia que lastima y deja marcas profundas en nuestros chicos y chicas. Por eso damos este paso: para que la escuela no esté sola en este desafío necesitamos familias presentes y corresponsables”, afirmó García Zalazar.
Cómo funcionará la medida
El proyecto prevé convocar primero a reuniones con los padres de la víctima y del agresor. Si estas instancias no logran resultados, se aplicará la normativa del Código Contravencional. El ministro explicó que, en muchos casos, los padres no asisten a las convocatorias escolares o restan importancia a la situación; la incorporación de la medida como contravención garantizará el cumplimiento obligatorio de los compromisos.
El proyecto incluye el artículo 100 bis sobre responsabilidad parental: “Se considerará contravención la omisión del deber de vigilancia y cuidado por parte de los padres, tutores o cualquier persona que ejerza la responsabilidad parental, cuando un niño o adolescente a su cargo cometa actos de acoso escolar que causen daño físico, psicológico o emocional a otro menor en el ámbito educativo o social”.
Además, se establece una penalidad mayor para alumnos reincidentes: “Si el menor reincide en actos de acoso escolar, el juez podrá duplicar la sanción de trabajo comunitario o la multa y disponer la obligatoriedad de asistir a talleres de parentalidad o terapia familiar”. Las sanciones van desde trabajo comunitario de 5 a 50 días hasta multas de 500 a 5.000 unidades fiscales, equivalentes actualmente a $21.000 a $2.100.000, según la gravedad y la reincidencia.
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Con Información de Clarin.-
