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José Antonio López, presidente de la Asociación de Abogados Venezolanos en Argentina, aseguró que la medida carece de validez jurídica. “La declaratoria de estado de excepción por una autoridad considerada usurpadora es nula. Lejos de ser una medida constitucional de protección, se utiliza para legalizar la represión, las violaciones sistemáticas de derechos humanos y la concentración de poder”, señaló.
Según López, este tipo de decretos suspenden garantías constitucionales que, de facto, ya han sido vulneradas durante el gobierno de Nicolás Maduro. “Se instrumentaliza el derecho para dar una apariencia de legalidad a actos de fuerza”, agregó, subrayando la ausencia de controles democráticos previstos por la Constitución.
El especialista recordó que la Constitución venezolana, en su Artículo 138, establece que “toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos”. Esto significa que cualquier acción realizada por quien ejerce el poder sin legitimidad legal carece de validez desde el inicio.
El debate sobre la legitimidad de Maduro y el uso de estados de excepción refleja, según los juristas, la profunda crisis institucional y de derechos humanos que atraviesa el país, donde las garantías constitucionales son vulneradas con frecuencia y los mecanismos de control democrático son limitados.
