“Tengo el pasaporte anulado y me da miedo ir a una oficina del Saime a tramitarlo de nuevo”, relata un activista de derechos humanos. “El mío fue invalidado pocos días después de las elecciones presidenciales”, cuenta un ciudadano común. Ambos coinciden en señalar que desconocen las causas de la medida, a la que califican como injusta y arbitraria.
La irregularidad puede descubrirse al consultar el sistema del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) o directamente en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, cuando el afectado intenta abordar un vuelo. Según denuncias, los ciudadanos pueden aparecer en listas internas o ser retenidos tras interrogatorios a cargo de funcionarios militares o policiales, procedimientos que organizaciones de derechos humanos consideran ilegales, reportó Efecto Cocuyo.
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El coordinador general de Provea, Oscar Murillo, advirtió que la anulación arbitraria de pasaportes ha impactado a defensores de derechos humanos, periodistas, docentes, líderes políticos y otros ciudadanos vinculados a la defensa de libertades fundamentales.
“La invalidación del documento de identidad se suma a otras violaciones en medio de la ola represiva que se consolidó después de las elecciones presidenciales de 2024 contra opositores reales o percibidos”, señaló.
Una violación de derechos fundamentales
Murillo explicó que la anulación del pasaporte vulnera derechos básicos como el libre tránsito, la identidad y la posibilidad de participar en foros internacionales. Recordó que el artículo 50 de la Constitución venezolana garantiza a toda persona la facultad de entrar, salir y circular libremente por el territorio nacional y al extranjero, salvo limitaciones expresamente previstas por la ley.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) documentó al menos 40 casos de anulaciones posteriores a los comicios en los que el Consejo Nacional Electoral proclamó a Nicolás Maduro como presidente reelecto, sin exhibir pruebas. Según la organización, 35 víctimas se enteraron en agosto de 2024, y en tres situaciones la medida también alcanzó a familiares.
Cejil denunció en julio que la práctica “se ha consolidado como una herramienta de persecución para silenciar voces críticas, al restringir la movilidad y el acceso a instancias internacionales de denuncia”.
Interrogatorios y alcabalas en el aeropuerto
Provea ha observado que estos episodios aumentan en momentos de mayor tensión política. Murillo detalló que, además de Migración, en Maiquetía operan alcabalas de cuerpos como el Sebin, que someten a los viajeros a interrogatorios y confiscan documentos. “Han sido afectados incluso familiares de los perseguidos directos. Estos procedimientos no tienen base legal”, afirmó.
El defensor alertó que la anulación puede ser antesala de detenciones arbitrarias o desapariciones forzadas. Recordó el caso del abogado de presos políticos Eduardo Torres, miembro de Provea, quien permanece detenido e incomunicado desde hace más de cuatro meses tras denunciar la invalidación de su pasaporte.
Una práctica que trasciende fronteras
La medida impacta tanto a residentes en Venezuela como a ciudadanos en el exterior. Murillo incluso no descarta corrupción interna, con funcionarios que invalidan documentos para luego exigir pagos a cambio de un nuevo trámite.
“La persona queda en absoluta vulnerabilidad. Algunos terminan huyendo de cualquier manera. La intención es sembrar miedo para que ONG y defensores abandonen su misión. Venezuela está al borde de un silencio impuesto por la represión, la censura y la autocensura”, advirtió.
Reacciones internacionales
En mayo de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) exigieron al Estado venezolano restituir de inmediato los pasaportes anulados a periodistas, defensores y políticos.
“El Estado debe devolver estos documentos esenciales para viajar, trabajar, llevar una vida familiar, acceder a protección internacional y cesar prácticas represivas destinadas a sembrar temor en la población civil”, señalaron en un comunicado.
Qué hacer si ocurre
Murillo recomendó a los ciudadanos afectados dejar constancia de la violación, incluso ante la Defensoría del Pueblo, aunque este organismo no ofrezca respuestas. “Es importante denunciar. Hay personas que esperan a que las listas de control desaparezcan, pero el problema afecta incluso a simpatizantes del chavismo. Es una forma de encierro involuntario”, subrayó.
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Con Información de diarioversionfinal.com.-
