El presidente Donald Trump firmó en secreto una directiva al Pentágono para iniciar el uso de la fuerza militar contra ciertos cárteles de droga latinoamericanos, a los que su administración considera organizaciones terroristas, según confirmaron fuentes familiarizadas con el tema. Esta medida representa el paso más agresivo hasta ahora en la campaña de su gobierno contra el narcotráfico y marca un giro en el uso del poder militar, históricamente reservado para funciones bélicas, no policiales.
La orden sienta las bases para posibles operaciones militares directas —tanto marítimas como en territorio extranjero— contra los cárteles. Oficiales del ejército estadounidense ya han comenzado a evaluar opciones para llevar a cabo estas acciones, indicaron las fuentes bajo condición de anonimato por tratarse de deliberaciones confidenciales.
No obstante, el uso del ejército en este contexto plantea serias dudas legales: ¿podría considerarse “asesinato” si soldados estadounidenses mataran a presuntos delincuentes fuera de un conflicto armado formal? Tampoco está claro si la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia ha emitido una opinión formal sobre la legalidad de la directiva, ni cuál ha sido la postura del Departamento de Estado o del propio Pentágono.
ÚNETE A NUESTRO GRUPO DE WHATSAPP PARA ESTAR INFORMADO
En paralelo a esta decisión, Trump ya había desplegado tropas en la frontera suroeste de Estados Unidos para frenar el tráfico de drogas e inmigrantes, intensificando las operaciones de vigilancia y control. En enero, firmó una orden para que el Departamento de Estado comenzara a clasificar a varios cárteles como organizaciones terroristas extranjeras, una medida que habilita sanciones financieras y restricciones de viaje.
En febrero, el Departamento de Estado designó como tales al Tren de Aragua (de origen venezolano), a la Mara Salvatrucha (MS-13) y otros grupos, argumentando que representan “una amenaza para la seguridad nacional más allá del crimen organizado tradicional”. Más recientemente, se incluyó al Cártel de los Soles —presuntamente liderado por Nicolás Maduro y altos funcionarios venezolanos— en la lista de grupos terroristas especialmente designados. La administración incluso duplicó a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura de Maduro, acusado de narcotráfico.
La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, defendió la postura del mandatario, afirmando que “la principal prioridad del presidente Trump es proteger al país”, y que por eso “tomó la audaz decisión de designar a varios cárteles como organizaciones terroristas”.
Por su parte, el Departamento de Defensa evitó hacer comentarios sobre la directiva.
El uso unilateral del ejército contra los cárteles marcaría una escalada sin precedentes, colocando a las fuerzas armadas en primera línea contra organizaciones criminales bien armadas y financiadas. También podría revivir controversias legales similares a las que han surgido en otras intervenciones militares no autorizadas por el Congreso.
En el pasado, la participación militar en operaciones antidrogas en América Latina se limitó, por lo general, a tareas de apoyo. Por ejemplo, en 1989, el presidente George H.W. Bush envió más de 20.000 soldados a Panamá para capturar al dictador Manuel Noriega, acusado por Estados Unidos de narcotráfico. Aquella operación fue ampliamente criticada por la ONU como una violación del derecho internacional.
Durante los años 90, el ejército estadounidense colaboró con Colombia y Perú compartiendo información para interceptar vuelos civiles sospechosos de transportar drogas. Sin embargo, cuando los gobiernos locales comenzaron a derribar aeronaves, la administración Clinton suspendió la ayuda, temiendo responsabilidades legales para el personal estadounidense.
La Ley Posse Comitatus de 1878 prohíbe al ejército asumir funciones policiales dentro del país, y aunque en aguas internacionales la Armada ha interceptado embarcaciones vinculadas al narcotráfico, estas operaciones suelen estar bajo el mando de oficiales de la Guardia Costera.
La nueva directiva parece ir mucho más allá: contempla operaciones ofensivas para capturar o eliminar a narcotraficantes. El senador Marco Rubio, actual secretario de Estado y asesor de seguridad nacional, defendió esta estrategia: “Tenemos que empezar a tratar a los cárteles como organizaciones terroristas armadas, no solo como bandas de narcotráfico”.
No obstante, expertos legales advierten que designar a un grupo como terrorista no otorga automáticamente autorización para el uso de la fuerza armada. Esa facultad requeriría una justificación bajo el principio de defensa propia nacional o una autorización explícita del Congreso. El almirante retirado James E. McPherson advirtió que una acción militar en territorio extranjero sin consentimiento podría constituir una grave violación del derecho internacional.
Otra complicación es la legalidad de los objetivos: según Brian Finucane, ex abogado del Departamento de Estado, asesinar a presuntos narcotraficantes fuera de un conflicto armado oficial violaría la orden ejecutiva que prohíbe los asesinatos selectivos.
Las capturas, en cambio, abrirían otros dilemas: ¿tendrían las fuerzas armadas autoridad para detener a prisioneros sin proceso judicial? ¿Serían transferidos al sistema civil estadounidense? Estas son preguntas que aún no tienen respuestas claras.
En febrero, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, destituyó a los principales abogados uniformados del ejército, lo que generó preocupación sobre la falta de controles legales en la toma de decisiones militares. Además, la Oficina de Asesoría Legal ha sido marginada del proceso, una ruptura con las prácticas tradicionales del gobierno federal.
El Senado acaba de confirmar a Earl Matthews como asesor general del Pentágono y a T. Elliot Gaiser como director de la Oficina de Asesoría Legal. Su interpretación sobre la legalidad del uso de la fuerza militar contra cárteles será clave.
La presión para etiquetar como terroristas a cárteles mexicanos y pandillas haitianas también va en aumento. En abril, Trump propuso a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum permitir que tropas estadounidenses operen en su territorio, pero la mandataria rechazó la idea.
La administración también vinculó al Cártel de los Soles con otras organizaciones como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa, a quienes acusa de amenazar la seguridad de EE.UU. y Europa. El senador Rubio reforzó esta acusación al declarar que Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela y lo calificó como líder de un cártel narcoterrorista.
Desde su regreso a la presidencia, Trump ha intensificado las operaciones encubiertas contra laboratorios de fentanilo en México, utilizando drones de la CIA para obtener inteligencia, aunque sin autorización para realizar ataques letales. El Comando Norte del ejército, por su parte, ha incrementado su vigilancia aérea desde el lado estadounidense de la frontera.
La política exterior e interior de Trump ha girado fuertemente en torno a la lucha contra el narcotráfico, con una retórica que mezcla la seguridad nacional con una visión militarizada del combate al crimen organizado. Su promesa de “declarar la guerra a los cárteles” podría redefinir profundamente el papel del ejército estadounidense y reavivar tensiones con países vecinos.
ÚNETE A NUESTRO CANAL DE TELEGRAM PARA ESTAR INFORMADO
Con Información de The New York Times.-
