Martha Tineo, coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), denunció que, a pocos días de cumplirse el primer aniversario de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, Venezuela atraviesa una de las etapas más críticas en materia de derechos humanos de las últimas dos décadas.
En un reciente balance, la organización advirtió que, tras los comicios marcados por denuncias de irregularidades y exclusión de candidatos opositores, más de 1.000 personas permanecen privadas de libertad por razones políticas. Muchas de ellas, según Tineo, se encuentran en condiciones que podrían constituir tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes.
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Desde Justicia, Encuentro y Perdón compartimos con nuestra más reciente nota de prensa, a pocos días de cumplirse un año del proceso electoral del 28 de julio de 2024 en Venezuela, un evento seguido de una intensificación sostenida de la persecución por razones política en el… pic.twitter.com/oitaSZ4iY4
— Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) July 12, 2025
Aumento alarmante de la represión tras el 28-J
“Antes del 28 de julio de 2024, se registraban poco más de 300 presos políticos. Ese número se disparó exponencialmente a partir del día siguiente”, afirmó Tineo. La dirigente señaló que este incremento refleja la consolidación de un aparato represivo estatal activado tras unas elecciones ampliamente cuestionadas.
Desde entonces, el Estado venezolano ha intensificado la persecución contra activistas, defensores de derechos humanos y opositores, según el monitoreo de JEP.
La organización alertó sobre un patrón sistemático de detenciones arbitrarias sin orden judicial, imputaciones sin pruebas y negación del derecho a la defensa. La mayoría de los detenidos no ha sido juzgada y permanece bajo régimen de prisión preventiva, cumpliendo una especie de condena anticipada.
“Estas personas están privadas de libertad en abierta violación del debido proceso y del principio de presunción de inocencia”, subrayó Tineo.
Condiciones inhumanas y casos de menores recluidos
JEP también denunció las condiciones deplorables en los centros de reclusión: hacinamiento extremo, escasez de agua potable, atención médica deficiente y alimentación inadecuada, lo que pone en riesgo la salud física y mental de los detenidos.
Entre los casos más alarmantes figuran cuatro adolescentes detenidos arbitrariamente en condiciones que vulneran la Convención sobre los Derechos del Niño.
La ONG documentó además el uso sistemático del aislamiento prolongado y la incomunicación como forma de castigo, prácticas que aumentan el riesgo de tortura y dejan a las víctimas en total indefensión. “En muchos casos, ni familiares ni abogados han podido tener contacto con los detenidos. Esto vulnera todos los estándares internacionales”, denunció Tineo.
Asimismo, alertó sobre la situación de ciudadanos con doble nacionalidad o extranjeros que han sido privados del servicio consular, en contravención de la Convención de Viena.
El impacto invisible: familias destrozadas y vidas truncadas
Tineo recordó que la prisión política no solo afecta a quienes están tras las rejas: “Si hablamos de más de 1.000 presos políticos, el impacto alcanza a miles de personas. Son familias rotas, talentos y aportes que podrían estar contribuyendo al país en medio de una profunda crisis económica y social”.
Llamado a la comunidad internacional
El más reciente informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, presentado en junio ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, también expresó su preocupación por el aumento de la represión en Venezuela tras las elecciones presidenciales.
Volker Türk advirtió que la persecución política socava gravemente el Estado de derecho y pidió la liberación inmediata de todas las personas detenidas por motivos políticos.
Tineo ratificó el compromiso de su organización: “No estamos hablando de cifras, estamos hablando de vidas. Seguiremos del lado de las víctimas, acompañándolas, denunciando y exigiendo justicia”.
Finalmente, JEP instó a la comunidad internacional a no normalizar el encarcelamiento de la disidencia ni la consolidación de un modelo autoritario, y a mantener activos los mecanismos diplomáticos y de protección.
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Con Información de elnacional.com.-
