Un juez federal de Estados Unidos ordenó el pago de 314 millones de dólares en indemnizaciones a tres ciudadanos estadounidenses que estuvieron encarcelados en Venezuela y denunciaron haber sido sometidos a torturas durante su detención. En su fallo, el magistrado calificó los hechos como parte de una «empresa criminal» encabezada por Nicolás Maduro.
Los beneficiarios de la sentencia son Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval, quienes fueron liberados en 2023 como parte de un intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Venezuela. A cambio, el gobierno venezolano obtuvo la liberación de Alex Saab, empresario señalado durante años por las autoridades estadounidenses como presunto testaferro de Maduro y acusado de lavado de dinero.
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En 2025, los tres estadounidenses presentaron una demanda contra varios altos funcionarios venezolanos, entre ellos la presidenta encargada Delcy Rodríguez, al asegurar que durante su cautiverio fueron víctimas de torturas físicas y psicológicas, incluyendo descargas eléctricas, golpizas y posiciones de estrés. Según la demanda, las secuelas de esos abusos continúan afectando tanto a ellos como a sus familias. Acusaciones similares también son investigadas por la Corte Penal Internacional.
El juez Darrin P. Gayles, de un tribunal federal en Miami, emitió la sentencia en rebeldía contra Nicolás Maduro, Alex Saab, otros cinco acusados y el denominado Cartel de los Soles, una presunta organización de narcotráfico integrada por altos mandos militares venezolanos, luego de que ninguno respondiera a la demanda.
Delcy Rodríguez no fue incluida en el fallo debido a que sus abogados comparecieron ante la corte para solicitar la desestimación de la demanda, argumentando que, como jefa de Estado reconocida, goza de inmunidad frente a acciones civiles en Estados Unidos. Los demandantes impugnaron esa posición y el proceso en su contra continúa.
La decisión judicial constituye el mayor fallo económico dictado hasta ahora dentro de una serie de demandas presentadas por estadounidenses que estuvieron detenidos en Venezuela. Todas se sustentan en la Ley Antiterrorista de Estados Unidos, una normativa que permite a víctimas estadounidenses reclamar indemnizaciones e intentar confiscar bienes de quienes considera responsables de actos terroristas.
En su sentencia de 19 páginas, Gayles afirmó que el secuestro de los tres estadounidenses fue uno de los múltiples delitos cometidos para sostener el régimen de Maduro y favorecer las actividades ilícitas de su presunta organización criminal.
El abogado de Alex Saab declinó hacer comentarios sobre el fallo. Por su parte, la representación legal de Delcy Rodríguez no respondió a las solicitudes de declaraciones.
Los casos de los tres estadounidenses
Según la demanda, los tres hombres llegaron a Venezuela sin imaginar que serían acusados de espionaje y utilizados posteriormente como moneda de cambio en las negociaciones entre Caracas y Washington.
Jerrel Kenemore, especialista en informática y residente de Fort Worth, Texas, vivía en Colombia junto a una ciudadana venezolana cuando, en 2022, fue secuestrado por hombres armados cerca de la frontera. Posteriormente fue entregado a las autoridades venezolanas y permaneció 643 días encarcelado, según el expediente judicial.
Jason Saad, oriundo de Alabama, trabajaba desde hacía varios años en el sector de la construcción en Venezuela cuando fue detenido. Edgar Marval, empresario radicado en Florida con negocios en territorio venezolano, también fue arrestado. Ambos fueron recluidos por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), de acuerdo con la demanda.
El caso cobra relevancia además porque el gobierno del presidente Donald Trump designó al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera antes del operativo que culminó con la captura de Nicolás Maduro en enero para enfrentar cargos por narcotráfico en Nueva York.
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Maduro ha negado reiteradamente cualquier vínculo con actividades ilícitas. No obstante, diversos analistas sostienen que, aunque existen denuncias de corrupción dentro de las fuerzas armadas venezolanas, todavía hay debate sobre la existencia de una estructura criminal unificada que opere como los grandes carteles del narcotráfico en América Latina.
Con Información de apnews.com.-
