El juez federal Sebastián Casanello procesó al expresidente Alberto Fernández en el marco de la denominada causa Seguros, una investigación por presuntos hechos de corrupción vinculados a la contratación de pólizas por parte de organismos públicos a través de intermediarios privados que cobraron comisiones millonarias.
La resolución, que también alcanza a su amigo y broker Héctor Martínez Sosa y a la esposa de este, María Cantero, ex secretaria de Fernández en Casa Rosada, detalla una supuesta estructura criminal para el desvío de fondos públicos. Los tres fueron procesados por negociaciones incompatibles con la función pública y violación de deberes de funcionario público, con embargos por $14.634.220.283,68 cada uno.
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Una estructura para desviar fondos públicos
Según la investigación que inició el juez Julián Ercolini y continuó Casanello, entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023 se habría montado un esquema de recaudación y distribución de fondos estatales mediante la contratación irregular de seguros. Los beneficiarios eran intermediarios cercanos al poder que actuaban entre los entes públicos y Nación Seguros.
En total, fueron indagadas 40 personas, imputadas por haber participado de manera coordinada en un entramado que direccionaba los contratos hacia productores y brokers específicos, cobrando comisiones elevadas a través de una cooperativa que funcionaba como financiera.
Los tres principales grupos de intermediarios involucrados fueron liderados por:
- Héctor Martínez Sosa, dueño de “Héctor Martínez Sosa y Compañía S.A.”, quien habría cobrado $2.297 millones, es decir, el 59,6% del total de comisiones pagadas a intermediarios.
- Pablo Andrés Torres García, titular de “TG Broker S.A.”, con ganancias por $654 millones.
- Oscar Alberto Castello, de “Castello Mercuri S.A.”, con $412 millones recibidos.
La comparación de ingresos entre los años previos y durante la presidencia de Fernández muestra un salto exponencial. Por ejemplo, en 2019 la empresa de Martínez Sosa recibió apenas $53.535 en comisiones, cifra que se disparó a más de $228 millones en 2023.
El rol clave de Nación Seguros
La maniobra se habría canalizado a través de Nación Seguros S.A., que pagó un total de $3.364 millones en comisiones por intermediación, principalmente a estos tres grupos. De hecho, el 94% de las pólizas emitidas con rol de “master” recayeron en la firma de Martínez Sosa.
También se detectó un uso cuestionado de los coaseguros, especialmente en contratos vinculados a ANSES, donde intervinieron las compañías San Germán Seguros (con $1.346 millones) y San Cristóbal ($2.022 millones).
El vínculo entre el expresidente y su entorno
Casanello remarcó el estrecho vínculo personal y comercial entre Fernández y Martínez Sosa, que obligaba al expresidente a “extremar los recaudos” para evitar conflictos de intereses. En cambio, señala el fallo, el mandatario optó por rodearse de personas de su confianza con intereses directos en el negocio.
Uno de los ejemplos más graves fue el nombramiento de María Cantero, esposa del broker, como su secretaria privada, cargo desde el cual gestionaba reuniones, coordinaba agendas con ministros y funcionarios, y favorecía a su entorno en licitaciones.
“La prueba expone una trama donde predominó la confusión de intereses. Los actores que debían proteger el interés público utilizaron su poder para obtener beneficios privados”, concluyó el juez.
Además, se documentaron pagos informales, regalos y favores personales entre los implicados y empleados de Presidencia, lo que consolidaba la red de complicidades. El juzgado consideró esto como una “estrategia sistemática para generar dependencia y asegurar impunidad”.
Casanello remarcó que Fernández no solo conocía el esquema, sino que fue quien lo habilitó, al “crear condiciones de riesgo institucional” y permitir que se desarrollara dentro de su círculo más cercano.
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Con Información de Clarin.-
