La Corte Suprema de Estados Unidos se alineó este viernes con una solicitud de la administración de Donald Trump y levantó los bloqueos impuestos por tribunales inferiores a la orden ejecutiva que busca restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento. La decisión representa una victoria clave para el expresidente y podría tener implicaciones en decenas de demandas contra su política migratoria.
Con una mayoría conservadora de 6 votos contra 3, el fallo no se pronuncia sobre la legalidad de la medida en sí —que apunta a negar la ciudadanía automática a hijos de inmigrantes indocumentados o con visados temporales— sino que se centra en los límites de la autoridad de los tribunales federales menores para bloquear decisiones del Poder Ejecutivo a nivel nacional.
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La Corte evaluó en particular las órdenes emitidas por tres jueces federales en Maryland, Washington y Massachusetts, quienes frenaron temporalmente la aplicación de la orden presidencial argumentando que el mandatario no tiene facultades para reinterpretar la Constitución.
En nombre de la mayoría, la jueza conservadora Amy Coney Barrett escribió: “Los tribunales federales no ejercen una supervisión general sobre el Poder Ejecutivo; resuelven casos y controversias bajo la autoridad que el Congreso les ha otorgado”. Y agregó: “Cuando un tribunal concluye que el Ejecutivo ha actuado ilegalmente, la respuesta no es que el propio tribunal también exceda sus poderes”.
Barrett, uno de los votos clave del fallo, cuestionó en mayo por qué el gobierno pedía a la Corte Suprema resolver aspectos técnicos y no abordar directamente el contenido del decreto. No obstante, el fallo de este viernes evita pronunciarse sobre la constitucionalidad de la orden ejecutiva.
Según la magistrada, la medida que limita la ciudadanía por nacimiento —actualmente suspendida— “no entrará en vigor hasta 30 días después de publicada esta decisión”. Expertos legales señalan que ese plazo podría permitir a los demandantes presentar acciones colectivas como alternativa para impugnar la normativa.
¿Cuántos bebés serían afectados?
De acuerdo con un estudio del Migration Policy Institute, unas 255.000 niñas y niños podrían verse afectados anualmente si se restringe la ciudadanía automática. Juristas y detractores de Trump advierten que esta disposición está consagrada en la Enmienda 14 de la Constitución y no puede ser anulada por una orden ejecutiva.
Disensos con fuerte tono político
La jueza liberal Sonia Sotomayor expresó su disidencia desde el estrado, una acción inusual que reflejó la gravedad con la que percibe el fallo. “El Estado de derecho no se da por sentado en esta nación. Solo perdurará si quienes integran cada rama del gobierno tienen el coraje de defenderlo. Hoy, la Corte renuncia a su papel vital en ese esfuerzo”, sentenció.
Por su parte, la jueza Ketanji Brown Jackson calificó el fallo como “una amenaza existencial para el Estado de derecho”, ya que —según sostuvo— permite al Ejecutivo vulnerar derechos constitucionales de personas que no están directamente mencionadas en las demandas.
“La administración ha planteado cuestiones técnicas sobre la autoridad de los tribunales como una cortina de humo”, agregó Brown. “Busca ejercer el poder arbitrario e incontrolado que los Padres Fundadores intentaron erradicar con la Constitución”.
Limitar la ciudadanía por nacimiento fue una de las principales promesas de campaña de Trump, quien firmó la orden ejecutiva el mismo 20 de enero, al asumir su segundo mandato con una renovada agenda migratoria de mano dura.
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Con Información de ElNacional.-
